El pleno del Parlamento gallego ha comenzado este miércoles la tramitación por la vía de urgencia de la reforma de la ley de salud que endurece el régimen sancionador ante la pandemia, en un debate en el que la oposición ha mostrado su rechazo a este texto por «delimitar derechos fundamentales» y suponer un «estado de alarma permanente».

En la toma de consideración de la norma, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha defendido que esta ley -que reforma un texto de 2008- es de las «más importantes» que se tramitarán esta legislatura, puesto que busca «cubrir lagunas y carencias de la legislación vigente para luchar mejor contra la pandemia». Así, sostiene que «se hace necesario dar certidumbres legales».

De tal forma, la futura ley continúa con su tramitación solo con los votos a favor del PPdeG. Está previsto que se apruebe a comienzos del año que viene y entre en vigor a partir de febrero.

En este sentido, Pedro Puy resalta que es necesario legislar ante una epidemia que se prevé «larga» porque el marco normativo sanitario «no estaba preparado», al tiempo que esta situación puede ser «recurrente» en próximos años.

El texto aborda, entre otras cuestiones, las medidas que puede adoptar el Gobierno gallego en situación de pandemias, las sanciones por el incumplimiento de la normativa -con delimitación de las competencias de cada administración- o la intervención de las residencias de mayores -para lo cual, por ejemplo, se simplifican los trámites administrativos-.

RÉGIMEN DE SANCIONES «MÁS CLARO»

El portavoz popular señala que se apuesta por medidas «temporales, transparentes y motivadas», con un régimen sancionador «más claro y más completo» que evite que las normas no se cumplan porque «no se hacen efectivas».

Tras sostener que el uso del estado de alarma fue «óptimo» en un primer momento, Puy ha avisado de los problemas jurídicos «obvios» que acarrean las decisiones por la pandemia. Pone de ejemplo cómo el TSJ de Madrid llamó la atención acerca de la necesidad de legislar en vez de recurrir a órdenes ministeriales, a la vez que recuerda la negativa del Estado a conceder a Asturias el confinamiento domiciliario.

Pedro Puy se ha referido al rechazo a reformar la ley orgánica estatal de salud para apunta a la necesidad de llevar a cabo esta modificación de la norma gallega ante la «evidencia de hacer reformas».

Así, se evita la «improvisación», se reducen incertidumbres», se propone una interpretación «más homogénea» de los tribunales y «se resuelven» problemas competenciales en el campo de las sanciones. Además, pide a la oposición aportaciones «útiles» para mejorar «entre todos» «cómo actuar ante una pandemia con la ley en la mano».

En el texto, se fijan diferentes sanciones, entre las que se encuentran multas de hasta 60.000 euros por saltarse un aislamiento.

Esta nueva ley establece tres tipos de infracciones: leves (de 1.000 a 3.000 euros), graves (de 3.001 a 60.000 euros) y muy graves (de 60.001 a 600.000 euros).

El rechazo a vacunarse o hacerse pruebas está estipulado como leve (entre 1.000 y 3.000 euros) en el caso de que las repercusiones tuviesen una «incidencia escasa o sin trascendencia directa en la salud de la población», pero pueden pasar a graves o muy graves en función del daño ocasionado.

La multa por no llevar mascarilla se marca en un mínimo de 100 euros, con la posibilidad de incremento en función del incumplimiento.

LA OPOSICIÓN ESTÁ EN CONTRA «EN FONDO Y FORMA»

Enfrente, la oposición se ha mostrado en contra de esta ley «en fondo y forma». Una de las cuestiones sobre la que han llamado la atención tanto BNG como PSdeG es que se recurra al Grupo Parlamentario del PPdeG para presentar el texto, en vez de que lo haga la Xunta, con el fin de «saltarse todos los informes preceptivos», pues sería «más que dudoso que fuesen favorables (esos informes)» a restringir derechos en una «ley ordinaria» de sanidad, avisa la diputada nacionalista Montse Prado.

En esta línea, Julio Torrado (PSdeG) ha afeado esta «maniobra parlamentaria extraña» por parte de los populares, que identifica con «cierto delirio bolivariano». Cree que puede ser necesario implantar un régimen sancionador pero «no una modificación de la ley de salud» para dar lugar a un «estado de alarma permanente», en lo que identifica con una «deriva autoritaria».

Y es que Montse Prado (BNG) ha avisado de que el PPdeG «no pretende mejorar la salud» de los gallegos con esta ley, sino una «delimitación gravísima de derechos fundamentales», lo que tacha de «inasumible e inaceptable». Por este motivo, la seguridad jurídica de la ley «queda más que en entredicho».

Carga contra una ley «coercitiva» que se traduce en una «recorte» de derechos y libertades, que impulsa un «estado de alarma permanente» con medidas «el tiempo que sea necesario» sin garantías jurídicas, mientras «no establece ninguna obligación de rendir cuentas al gobierno». «Es todo tremendamente democrático», ironiza.

Uno de los puntos que Prado ve un «auténtico despropósito» es que «todo el mundo se convierte en autoridad sanitaria».

A renglón seguido, Prado ha recriminado que los populares solo propongan medidas «coerctivas» con sanciones de cuantías «obscenas de hasta 600.000 euros», pero sin «ninguna» propuesta en relación con la mejora del rastreo, el cambio de modelo de residencias o el refuerzo del sistema sanitario público después del «deterioro brutal» con el PP.

Por su parte, Torrado avisa de «cuestiones de fondo preocupantes» como la delimitación de la autoridad sanitaria, pues se convierte en ella hasta la «vecino del quinto».

Por todo ello, el diputado socialista echa en falta informes jurídicos para conocer si se puede llevar a cabo una reforma de una ley autonómica que afectan a «derechos fundamentales».

¿VACUNACIÓN OBLIGATORIA?

En lo tocante a la vacunación, Torrado ha dicho que el PSdeG cree «más en la concienciación que en la obligatoriedad». «No hay un problema antivacunas en España», zanja, pues lo que hay es «un problema de pobreza», debido a que la no vacunación guarda relación con los entorno socioeconómicos.

Aquí, el diputado socialista pone en duda que la ley establezca que «cualquier autoridad sanitaria puede ordenar esto», «aunque siga existiendo incertidumbre científica».

Sobre este tema, Montse Prado se ha mostrado en contra de la obligatoriedad de la vacunación, como si «fuese un problema» en Galicia, donde es «más bien al contrario». Relata cómo familias han tendido que viajar a Portugal a comprar dosis contra la gripe por su escasez en la comunidad.

En su turno de réplica, Puy ha aclarado que esta ley «no pone obligatoria» la vacunación frente al coronavirus, sino que «prevé cómo vacunar» en el caso de que el Estado decide su obligatoriedad, extremo descartado por el momento por el ministro de Sanidad, Salvado Illa.