El juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, ha dictado un auto mediante el cual rechaza la petición presentada por el Delegado del Gobierno, Javier Losada, para que esta sala se inhibiese y permitiese la extinción de la concesión portuaria del antiguo astillero Vulcano.

En el pasado mes de octubre, el delegado del Gobierno presentó escrito en el juzgado vigués solicitando la inhibición de este órgano en el proceso de enajenación de la concesión de Vulcano, alegando que dicha concesión ya se encontraba extinguida ‘ex lege’ tras la disolución de Factorías Vulcano.

Sin embargo, el juez de lo Mercantil ha rechazado dicha solicitud y, aunque ha señalado que la ley de conflictos jurisdiccionales prevé que se pueda reclamar la inhibición de un órgano judicial en el marco de un proceso de planteamiento de conflicto jurisdiccional, ha apuntado que la propia ley señala que no pueden plantearse conflictos sobre los asuntos cuando éstos ya están resueltos por auto o sentencia firme, o que solo esté pendiente de recurso de casación (o revisión).

A ese respecto, el magistrado de la sala viguesa ha expuesto en su auto que ya existe una resolución firme de la Audiencia Provincial de Pontevedra, en la que se establece que la concesión portuaria de Vulcano debe formar parte de la liquidación del astillero, en aras de favorecer, en lo posible, la continuidad de la actividad productiva en esos terrenos.

Además, ha apuntado el juez, si se atiende a la documentación aportada por la administración concursal y elaborada por el Puerto de Vigo, el expediente de extinción de la concesión «ya habría caducado».

Por todo ello, la sala Mercantil ha acordado rechazar la solicitud del delegado del Gobierno por entender que debe mantener su competencia. En todo caso, tal y como se prevé en estos casos, ha comunicado que plantea formalmente el conflicto de jurisdicción y ha remitido las actuaciones al presidende del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción.

Asimismo, ha remitido también las actuaciones al Tribunal Supremo, ya que la norma prevé que los conflictos de jurisdicción entre juzgados y administración deben ser resueltos por un órgano colegiado encabezado por el presidente del Tribunal Supremo, y con cinco vocales (dos magistrados de lo Contencioso Administrativo del TS, y tres Consejeros Permanentes del Estado).

VALORACIÓN DEL COMITÉ DE EMPRESA

Tras conocer la resolución del juzgado de lo Mercantil de Vigo, el presidente del comité de la desaparecida Vulcano, Nicolás Sangabriel (CC.OO.), ha valorado que «se van apartando obstáculos» en el proceso de liquidación del astillero y se va llegando «a la meta» tras una «eterna travesía en el desierto».

El portavoz de los trabajadores ha recordado que la mayoría de los operarios del astillero «ya están sin prestación por desempleo, en situación crítica», tras haber pasado un año y medio desde que fueron despedidos.

«Es necesario que se aclare cuanto antes en qué situación legal está la concesión y, si por fin se validan las tesis del juez de lo Mercantil, tocará remar todos juntos para conseguir que las instalaciones de Teis vuelvan a funcionar», ha proclamado, al tiempo que ha expresado su esperanza de que el Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales «resuelva cuanto antes» y se supere «el último escollo».

LIQUIDACIÓN

El centenario astillero Vulcano pasó por dos concursos de acreedores en los últimos años pero no fue capaz de superar su última crisis. Así, acuciado por las deudas, entró en liquidación en verano de 2019.

En el marco de ese proceso de liquidación se presentó una oferta de 7,8 millones de euros para hacerse con las instalaciones y la concesión de Vulcano por parte del grupo Marina Meridional. Sin embargo, la entrega del dinero y la formalización de la compra está parada precisamente por la situación de la concesión (que expira en 2027), ya que la administración concursal quiere que forme parte de la enajenación de la unidad productiva, mientras que el Puerto defiende que está extinguida y debe volver a salir a concurso.