El sector de la judicatura en Lugo ha mostrado su «frustración» y «enfado» por el hecho de que no se definiese una fecha para la apertura del nuevo juzgado de lo social en la ciudad de la muralla en la publicación del Boletín Oficial del Estado (BOE) en la que se recoge su creación.

El decano del colegio de abogados de Lugo, Félix Mondelo, ha recordado que tanto la Xunta como el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia definieron este órgano como «prioritario» y señalaron que debía ser de los primeros que se instalasen en la comunidad. «Y resulta que aparece en el BOE sin fecha de constitución», censura.

Mondelo ha asegurado que le consta que «tanto el presidente del TSXG como el conselleiro de Presidencia están disgustados porque no hay una fecha concreta para poder instalarlo cuando ya está la dotación, yaestán las dependencias previstas y nos dejan sin fecha» para su apertura.

El decano de Lugo ha vuelto a corroborar que las demoras para losseñalamientos de juicios, en los tres juzgados de lo social de Lugo, sellegan a demorar hasta dos años. «La necesidad es perentoria, y pensábamos que iba a ser de los primeros que se iban a constituir con fecha fija y resulta que se deja indefinido. Vamos a ver sí procuramos entre todos que para marzo o abril ya pueda estar en funcionamiento», ha concluido.

Fue la propia subdelegada del gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez, la que informó el martes de la publicación en el BOE de la creación de esenuevo juzgado que «ayudará a aliviar la importante carga de trabajo de la jurisdicción social, que se agravó como consecuencia de la crisis producida por la pandemia».

Precisamente, Europa Press tuvo acceso a un documento en el que el presidente del TSXG, José Gómez-Díaz Castroverde, expresa la «grave preocupación» de la comisión de la sala de gobierno del alto tribunal, «por la indefinición para la entrada en vigor de los juzgados de lo social creados en Lugo, A Coruña y Vigo».

«Dichos juzgados se consideran de prioritaria puesta en funcionamiento, teniendo en cuenta las cargas de trabajo que soportan las referidas ciudades, y el gasto que suponen los refuerzos actualmente existentes», reza el escrito dirigido por el alto tribunal gallego al Ministerio de Justicia.