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CC.OO., CIG y UGT se concentrarán ante la patronal del metal para forzar la negociación del convenio de Pontevedra

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Delegados sindicales de CC.OO., CIG y UGT se concentrarán ante la patronal del metal mayoritaria, Asime, el próximo jueves en Vigo para que la representación empresarial «vuelva a sentarse en la mesa» de negociación del convenio del sector en la provincia de Pontevedra, que afecta a 30.000 empleados de 2.000 compañías.

En una rueda de prensa celebrada en Vigo, el secretario general de Industria de CC.OO. en la comarca, Celso Carnero, ha criticado el «levantamiento de la mesa de negociación» por parte de la patronal, que integra la Asociación de Industrias Metalúrgicas (Asime), la Asociación de Talleres de Reparaciones (Atra) y la agrupación de empresas instaladoras de electricidad (Instalectra).

A este respecto, ha recordado que las negociaciones para el nuevo convenio se iniciaron el pasado mes de febrero, tras lo que se detuvieron por el inicio de la pandemia. Después, en verano, ha señalado que fue preciso «forzar» la reanudación de los encuentros -el último de ellos fue celebrado este martes-, pero ha lamentado que «muchos» de los 11 llevados a cabo hayan sido «estériles».

También ha subrayado que los tres sindicatos se agruparon en única plataforma que fijó los «puntos específicos» que se buscaba alcanzar «para no dilatar el convenio», cuyo único aspecto acordado con la patronal hasta el momento ha sido su duración, dos años. De este modo, se ha planteado que su vigencia se extienda desde 2020 hasta 2021.

En esta línea, el secretario general de FICA-UGT en la comarca, Rubén Pérez, ha insistido en que estos «no son momentos de confrontación», sino de «acuerdos» y ha reprobado que las tres organizaciones sindicales se hayan encontrado un «muro» en la negociación pese a haber sido «capaces de presentar una propuesta conjunta».

Así las cosas, ha criticado la «falta de compromiso» de los representantes de las patronales, que serán los «responsables» si la situación deriva en un «conflicto». De este modo, ha remarcado que resulta «fundamental» disponer de un nuevo convenio dado que los trabajadores «necesitan certezas» ante la situación actual.

En este sentido, Rubén Pérez ha destacado que este documento representa una «referencia» y aporta «estabilidad» a otros sectores y ha mostrado su esperanza de que los representantes empresariales «se sienten, reflexionen» y acudan «con una propuesta» ante los sindicatos.

Asimismo, el secretario comarcal de Industria de la CIG, Xulio Fernández, ha afirmado que los representantes de los trabajadores «seguirán abiertos a la negociación». Además, a preguntas de los medios, ha concretado que los «puntos más conflictivos» de la misma han sido la contratación de ETT, el incremento salarial y que la patronal «sea incapaz de modernizar» el convenio con la inclusión de protocolos ante aspectos como el acoso sexual.

DEMANDAS

En concreto, las centrales reclaman un aumento salarial del 1% para 2021 y del 2% para 2021. Mientras, la patronal busca abonar la indemnización por contratación eventual -que en este sector es de 20 días en lugar de 12- tras la finalización del contrato, un pago que hasta el momento se realiza en las nóminas mensuales. A este respecto, Xulio Fernández ha advertido de que abonar esta cantidad tras la finalización de la vinculación contractual puede conllevar que no se efectúe y ha recordado que «costó mucho» que se acordase su fraccionamiento.

Además, el secretario comarcal de FICA UGT ha apuntado que la representación empresarial apuesta también por ampliar los supuestos en los que se pueden realizar contrataciones mediante ETT, que en este momento están limitadas a la cobertura de vacaciones, licencias y bajas, y ha reprobado su «estrategia» de «dilatar» el proceso de negociación.

Adicionalmente, Celso Carnero ha asegurado que este año «hay más trabajadores» en el sector naval que el anterior pese a la liquidación de Vulcano y ha defendido que si se ha producido un descenso en el empleo se ha debido a «problemas en los astilleros», pero no a la crisis. Así, ha incidido en que «no puede ser que (las empresas) se benificien de las herramientas (articuladas) en positivo», como los ERTE, y busquen «aplicar recortes».

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