La falta de «concreción» sobre los mecanismos de financiación, la ausencia de criterios para definir las zonas de riesgo en el Estado y la omisión de «objetivos» claros resumen la filosofía de las alegaciones presentadas por Galicia al plan nacional del Reto Demográfico 2030 en el que participa la Consellería de Política Social.

El descontento de la Xunta con el borrador que se maneja en la comisión y conferencia sectorial que aborda la cuestión demográfica ya fue explicitado por la propia conselleira, Fabiola García que, precisamente, defendió la semana pasada ante la Cámara gallega la ley de impulso demográfico que su departamento ha envidado al Parlamento autonómico y para el que los grupos de la oposición pidieron su devolución al Gobierno sin éxito.

Fabiola García ya había avanzado que Galicia presentaría alegaciones al documento que se maneja en la comisión en la que participan las comunidades autónomas y el Estado, ya que, una de las cuestiones claves, es la falta de financiación para atención de servicios vinculados con la demografía, en los que la Comunidad gallega pide fijarse en los «costes reales» por las características poblacionales, como puede ser la dispersión.

Galicia cuenta con 3.771 de las 4.907 entidades colectivas que hay en el conjunto de España, con más de 30.000 entidades singulares que suponen cerca de la mitad de las existentes en el Estado y más de la mitad de los diseminados.

Tal y como expone la Xunta en la exposición de motivos de la futura ley de impulso demográfico, las variaciones de población en las últimas décadas «evidencian como los procesos de retorno migratorio y de inmigración no son de compensar los balances negativos de crecimiento vegetativo», así como vuelve a «recobrar importancia la emigración».

«Asistimos, por lo tanto, a un cambio en la dinámica y estructura demográfica que tiene efectos importantes a nivel humano, social, cultural, económico, político y medioambiental y supone uno de los mayores retos a los que debe enfrentarse Galicia en los próximos años», apunta el texto autonómico legislativo.

Así, hace también mención a que «el cambio en los comportamientos reproductivos, la mayor esperanza de vida, las pautas de conformación de las familias y la distribución de la población en el territorio, así como el impacto de las migraciones forman parte de un mismo proceso de carácter sistémico del que es preciso tomar conciencia y articular medidas oportunas para gestionarlo con éxito».

MAYOR CONCRECIÓN

En este escenario, y a lo largo de las alegaciones presentadas ante la comisión de trabajo, a las que ha tenido acceso Europa Press, Política Social pide al Gobierno «una mayor ambición en los contenidos» de la ‘Estrategia nacional frente al Reto Demográfico 2030’, la cual «se tiene que plasmar» en una mayor concreción de los mecanismos de financiación que asumirá la Administración General del Estado, de los criterios con los que se establecerán las áreas en riesgo demográfico y los objetivos que se pretenden con esta estrategia.

«Entendemos que es el camino para que sea una estrategia útil para el enorme reto que afronta España en esta década», pone por escrito el documento remitido al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

«PROFUNDAMENTE INSATISFACTORIO»

La Xunta considera «profundamente insatisfactorio» el documento en cuanto a la definición de la financiación porque, sostiene, «evidencia la falta de compromiso del Gobierno a la hora de asumir la financiación». Así, se refiere e la definición que incluye el documento original sobre que «con carácter general, las medidas frente al reto demográfico serán financiadas por cada una de las administraciones competentes por razón de la materia y de acuerdo con lo previsto en sus respectivos presupuestos».

En este sentido, pone el ejemplo de su «decepción» con la sanidad o la educación, materias transferidas en su práctica totalidad a las comunidades y representan «buena parte» del gasto de cualquier administración. Así, tal y como está explicitado el párrafo, el Estado «en ningún caso asumiría un compromiso de financiación en estas»: «y ahondando en esto, también cabría preguntarse si el reto demográfico es en sí una competencia y a qué administración le compete.

En todo caso, la Xunta cree que «es imprescindible que el Gobierno concrete, a través de esta estrategia, los correspondientes mecanismos de financiación y sus presupuestos», así como «el establecimiento de uno o varios fondos específicos de ámbito estatal para el reto demográfico, cuya dotación se fije a través de los presupuestos generales».

COSTEE DE LOS SERVICIOS

En las alegaciones remitidas a Madrid, Política Social también observa que «se sigue detectando una ausencia de referencias al coste efectivo de los servicios» y siguen sin «conocerse» las zonas que son especialmente de riesgo, algo que se había quedado en aclarar en reuniones pasadas.

«Sigue faltando la determinación de las áreas de riesgo demográfico que la propia estrategia menciona», asevera la Xunta, que recuerda que el primer borrador del documento (ahora se trabaja sobre el segundo) indicaba explícitamente que a través de la estrategia se establecen «principios básicos para la definición de las áreas en riesgo demográfico en cada comunidad», cuestión que aparece «expresada de forma idéntica» en el segundo texto.

Así, constata que «en ninguno de los dos borradores aparecen recogidos los principios», motivo por el que considera que «no es posible avanzar en el desarrollo de la estrategia».

«AUSENCIA DE OBJETIVOS CONCRETOS»

Para la Xunta, otra de las carencias en el documento tiene que ver con «la generalidad de las líneas de acción y a ausencia de objetivos concretos y medibles». En este punto ponen como ejemplo el la afirmación «hay que mejorar el transporte público interurbano», sin «incluir ningún objetivo cuantificable». «Obviamente estamos de acuerdo en la definición de los objetivos transversales y las líneas de acción –nadie puede discrepar sobre la importancia de garantizar una plena conectividad territorial y una adecuada cobertura de internet de banda ancha–, pero poco valor tiene este enunciado si no se marca un objetivo concreto al respecto».

«¿Qué porcentaje del territorio nacional queremos abarcar, con qué compromiso de digitalización y en qué plazo de tiempo?», plantea como cuestiones que deben quedar por escrito. Es más, la Xunta «no comparte» que la estrategia deba carecer de objetivos concretos por el hecho de que estos se incluirán en futura Agenda Común.

«No lo compartimos porque, precisamente, desde el propio Gobierno de España se ha insistido en que esta Estrategia no es un documento inamovible, sino que se configura como un documento vivo y adaptable a las nuevas circunstancias que surjan durante la década», argumenta.

Por tanto, finaliza, «nada impide ser ambiciosos y plasmar ya en esta estrategia los objetivos concretos y los resultados esperados con independencia de puedan ser revisados en un momento posterior».

SEGUNDO BORRADOR

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico remitió a la Comunidad gallega el pasado 13 de noviembre el segundo borrador de la estrategia (ENfRD2030). Este documento fue analizado en la comisión sectorial el 18 de noviembre y en la conferencia sectorial el día 20.

En opinión de la Xunta, este segundo borrador «mantiene las mismas carencias que en su primera versión y que pueden resumirse en las mismas cuestiones» ya trasladadas. Ello, «sin obviar que quien tiene la posibilidad de pilotar esta estrategia y proponer los pilares es el Gobierno, con independencia de que el resto de las administraciones participemos de forma activa».