Varios colectivos de defensa del patrimonio y del territorio se han dirigido a la Delegación Permanente de España ante la UNESCO para instar a esta organización internacional a intervenir frente a las obras de «restauración y musealización» que se están realizando en varios castros de la provincia de Pontevedra.

En concreto, estas entidades denuncian las actuaciones que se realizan en los castros de A Subidá en Marín, de Toiriz en Silleda y de Alobre en Vilagarcía, todas ellas impulsadas por la Diputación de Pontevedra y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con el aval de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta y la colaboración de los ayuntamientos.

Las asociaciones Umia Vivo, Irmandade Illa de Tambo, ANovaTerra y A Forneiriña han calificado de «agresivas» las intervenciones realizadas con «cuantiosos fondos públicos» -la primera fase se adjudicó en mayo de este año a la empresa murciana Patrimonio Inteligente por casi 520.000 euros-, al tiempo que han denunciado su «indefensión ante la negativa de la Xunta y la diputación a corregir los proyectos en ejecución».

Además de por el «impacto» de las obras, que incluyen la instalación de bloques de piedra serrada y estructuras metálicas ancladas con zapatas de hormigón a escasa distancia de los yacimientos arqueológicos, estos colectivos cuestionan el cumplimiento de la legislación estatal y autonómica en materia de protección del patrimonio cultural.

Así, advierten que el proyecto «está firmado por un arquitecto» en vez de contar con la firma preceptiva de un arqueólogo, tal y como establece el Decreto 199/1997 que regula la actividad arqueológica en Galicia. También han alertado del incumplimiento de la normativa al encomendar el control arqueológico de las tres obras simultáneamente a un mismo profesional.

TOIRIZ

Más de 1.500 personas han firmado ya la campaña creada por Pablo González en Change.org demandando la paralización del «atentado arqueológico» en Toiriz, donde argumenta que los expertos alertan «de que se va a hacer un parque urbano que haría desaparecer el castro».

Desde que entre los años 2002 y 2010 el Colectivo por la Recuperación del Castro de Toiriz lograse la puesta en valor de este asentamiento primitivo, esta entidad ha señalado que «solo necesitaba limpieza» para su mantenimiento -una tarea a la que el ayuntamiento de Silleda «no ayudaba»- y ha tildado de «despropósito» esta intervención.

«Nos rompe el corazón que acabe así después de habernos partido el lomo para sacar el castro del olvido», señala el colectivo.

A SUBIDÁ

Además de Umia Vivo, Irmandade Illa de Tambo, ANovaTerra y A Forneiriña, otras entidades culturales y de defensa del territorio como Queremos Galego Marín, Colectivo Monte Pituco y la Plataforma en Defensa dos Montes do Morrazo han rechazado las obras en A Subidá.

El responsable de esta plataforma, Cándido Martínez, ha criticado que el ayuntamiento «únicamente se ocupa de la promoción de los petroglifos de Mogor mientras la inmensa mayoría de las estaciones de arte rupestre están abandonadas».

En este sentido, censura que esta actuación en el castro «es susceptible de incidir en su degradación por la urbanización y posterior masificación del entorno, el deterioro de sus recursos arqueológicos y su alteración medioambiental».

Por su parte, el presidente de la Irmandade Illa de Tambo, Antonio Costa, ha recordado que los petroglifos afectados por la proximidad de un zócalo hormigonado tienen la misma consideración -como Bien de Interés Cultural- que la Catedral de Santiago, comparando esa «aberración» con la pintada con bigotes sufrida por una de las esculturas de la fachada de Praterías en 2018.

Costa, que ha responsabilizado de este «atentado contra el patrimonio» a las Administraciones estatal, autonómica, local y provincial, ha reprochado que la primera fase del proyecto «Obras de restauración y musealización de los yacimientos galaico-romanos de Pontevedra: trazas de Pontevedra» esté redactado por un estudio de arquitectura hispano-kuwaití y que su financiación sea «un despilfarro de dinero público que, en un momento de crisis, debería invertirse en generar valor añadido al patrimonio, no en destruirlo».

A raíz de las protestas de estos colectivos sociales, el BNG de Marín ha convocado una concentración ante el castro a la que ha asistido una veintena de personas y el responsable local del partido ha creado una campaña en ‘Change.org’ que reclama la paralización de las obras, una petición que los nacionalistas también han registrado en el Parlamento.

DIPUTACIÓN

No obstante, la Diputación de Pontevedra ha insistido en que los tres proyectos en Alobre, Toiriz y A Subidá cumplen los requisitos y se ajustan a los informes preceptivos de Patrimonio de la Xunta, además de contar con el aval de los ayuntamientos; una valoración asumida también desde el Grupo Provincial del BNG, que comparte la «postura institucional» común a las dos formaciones que componen la coalición de gobierno.

Tras las obras en los castros de Vilagarcía, Silleda y Marín, el proyecto de Turismo Rías Baixas se extenderá a los yacimientos de A Lanzada (Sanxenxo), Penalba (Campo Lameiro), Mercado dos Mouros e Igrexa Vella (Valga), Adro Vello (O Grove), Alto dos Cubos (Tui), Cruz do Castro (Cotobade) y en una tercera etapa está previsto que las obras se desarrollen en los castros de Taboadexa (As Neves), Troña (Ponteareas), Trega (A Guarda), O Facho (Cangas), Cabeciña (Oia) y Castrolandín (Cuntis).

Las discrepancias surgidas como consecuencia de la primera fase de esta iniciativa han alarmado a otros colectivos de defensa del territorio situados en el ámbito de las demás localidades, donde algunos están dispuestos a movilizarse. De hecho, la Rede do Patrimonio Cultural de Galicia, que agrupa a 107 entidades de toda Galicia, también han expresado su «preocupación» por el resultado de estos trabajos.