El Pleno de la Diputación de Pontevedra ha evidenciado la división entre el Gobierno provincial (PSOE, BNG) y la oposición (PP) sobre las responsabilidades y competencias de las administraciones provincial y autonómica en las ayudas a los sectores estratégicos más afectados por la pandemia de covid-19.
El grupo provincial socialista presentó una moción, que fue aprobada con los votos del PSdeG y del BNG, en la que se pedía a la Xunta «un auténtico plan de rescate» con la «reprogramación de partidas» para constituir un «apoyo firme» a la hostelería.
Sin embargo, el PP enmendó la moción «para mejorarla» reclamando que la Diputación impulsase su propio plan de ayudas. «Ustedes hacen recetas a los demás pero les pedimos que se las apliquen», replicó Jorge Cubela quien recordaba que la administración provincial «todavía no dio un euro para ayudar a los autónomos y a las pymes».
El vicepresidente de la Diputación y portavoz del grupo del BNG, César Mosquera, ha señalado que «la oposición tiene autonomía cero» acusando a los diputados populares de ser «una correa de transmisión de la Xunta». Mosquera ha advertido al PP de que si el Gobierno provincial quiere destinar fondos económicos a los agentes sociales «se lo tenemos que sacar a los ayuntamientos», ya que los recursos son limitados, según ha dicho.
Por su parte, Carlos López Font ha fundamentado el rechazo de los socialistas a la moción del PP indicando que no van «a admitir competencias que son ajenas a esta administración», un argumento que se ha repetido por parte del PSOE en la siguiente iniciativa política, del grupo provincial del Partido Popular, por la que se solicitaba la creación de un fondo para la reactivación económica y social de la provincia de Pontevedra.
La tercera moción que abordó el Pleno también era del PP y en ella se solicitaba la creación de una plataforma provincial de venta online para el pequeño comercio de la provincia.
La propuesta fue rechazada y, entre otras justificaciones, se recordó a los diputados populares que en el año 2016, cuando gobernaba el Partido Popular en la Diputación, decidieron crear un nuevo canal de venta en línea de productos y servicios, que resultó ser un «fracaso», costó más de un millón de euros y fue rechazado por la Unión Europea.
UNANIMIDADES
El Pleno ordinario de noviembre de la Diputación de Pontevedra comenzó con la lectura del manifiesto por el 25 de Noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El texto fue elaborado por la profesora Teresa Domínguez y le dio lectura otra maestra, Conchita Pérez Núñez.
En la parte resolutiva el Pleno arrancó con la aprobación de varios asuntos por unanimidad, fue el caso del acuerdo marco que regula la contratación de las obras de conservación de firmes en la red viaria provincial. Igualmente se aprobó con el consenso de toda la Corporación otros puntos del orden del día relacionados con el polígono industrial de Outeda-Curro en el Ayuntamiento de Barro o la adhesión de la institución provincial a la Central de Contratación de la Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP).
La unanimidad continuó con el sexto expediente de modificación de créditos en lo que va de año 2020, según ha explicado el diputado López Font, entre otras cuestiones, se trataba de dar «cumplida respuesta» a algunos ayuntamientos que solicitaron reinvertir las bajas conseguidas en la licitación de varias obras. El portavoz del PP, Jorge Cubela justificó el voto a favor de su grupo por el beneficio que esta medida supondrá para los ayuntamientos y ha recordado que en este mandato el 80% de los asuntos que se llevaron al Pleno contaron con el apoyo de los populares.
Finalmente, hubo discrepancias con la modificación del Reglamento Orgánico Provincial, el Gobierno planteaba una adaptación técnica y el PP propuso, sin éxito, incluir más cambios.
