El Parlamento gallego insta a la Xunta a solicitar al Gobierno central un paquete de medidas dirigidas especialmente al sector de los autónomos y de la hostelería, encaminadas al aplazamiento de pago de determinados impuestos y otras condonaciones.

El acuerdo partió de una moción defendida por el grupo parlamentario del BNG. En concreto del segundo punto de la iniciativa, con los votos a favor del PP, de los nacionalistas y la abstención de los diputados socialistas, que se refería a una serie de demandas dirigidas al Gobierno del Estado en apoyo a este colectivo.

De este modo, la Cámara insta a la Xunta a solicitar al Ejecutivo central el aplazamiento de los pagos de IRPF y de IVA del cuarto trimestre de 2020, hasta doce meses, y a ampliar el plazo de los pagos fraccionados del impuesto de sociedades.

Asimismo, se pide la aplicación de un IVA reducido del 4 por ciento a la hostelería y al turismo; el establecimiento de condonaciones especiales en el pago de cuotas empresariales a al seguridad social relativas al tiempo de cierre y reducción drástica de la actividad, al menos a aquellos autónomos «gravemente afectados» por las restricciones.

Finalmente, se solicita el impulso de las actuaciones necesarias para prorrogar un año el periodo de amortización y carencia de los préstamos ICO.

Los votos del PP tumbaron, sin embargo, la primera parte de la moción, que se dirigía fundamentalmente a la Xunta de Galicia.

El texto pedía negociar con entidades bancarias el aplazamiento de créditos, impulsar acciones de promoción y estímulo en las ciudades o incorporar en los presupuestos del próximo año una partida específica para un plan integral de rescate al sector de autónomos por un mínimo ampliable de 200 millones de euros.

«LLEGAN TARDE»

La diputada nacionalista María do Carme González Iglesias denunció que el Ejecutivo autonómico llegó «ocho meses tarde» a la concesión de ayudas directas a este colectivo, a diferencia de otras comunidades que pusieron en marcha iniciativas para «garantizar la subsistencia de autónomos y pymes» en los primeros 45 días de la pandemia.

«Llegan tarde y encima son insuficientes», ha señalado, puesto que muchos profesionales quedan «excluidos» debido a los requisitos de facturación (una reducción del 75%). En este sentido, ha advertido de las más de 10.000 solicitudes realizadas durante las 30 primeras horas, que «son solo la punta del iceberg», y ha instado a reclamar al Estado medidas complementarias para «rebajar la presión fiscal».

Al respecto, el socialista Francisco Rivera ha defendido las medidas llevadas a cabo por el Estado par apoyar el mantenimiento de la actividad y para ofrecer una prestación a los autónomos, que contrapuso a la realizada por la Xunta.

En este sentido, ha instado a «reorientar» el papel del Igape para que «cumpla con su finalidad» y con el mantenimiento y financiación de la actividad económica con la comunidad.

Por su parte, Miguel Tellado, del grupo popular, ha censurado que se utilice a los autónomos «como arma arrojadiza» y ha asegurado que el Gobierno gallego está «a la altura de las circunstancias», con un plan de ayudas de 100 millones que «acaba de ser ampliado» y que incluye medidas para agilizar la tramitación y flexibilizar los requisitos.

«No se puede decir que hacemos menos que los demás cuando hacemos más», ha defendido, destacando que más de 50.000 profesionales se beneficiarán de las líneas de apoyo en uno «de los mayores» paquetes de medidas de todo el Estado.

RESIDENCIAS

Previamente, los votos del PP echaron abajo dos mociones defendidas por el grupo socialista y relativas a la gestión de la información de los casos de COVID-19 en Galicia y de la situación en las residencias de mayores.

La diputada Marina Ortega instaba a cambiar el modelo de actuación en estos centros ante el elevado número de casos y de fallecimientos, para lo que solicitaba un plan específico de evacuación para los residentes positivos, reforzar los equipos de inspección, y elaborar una memoria con las actuaciones e intervenciones, entre otras.

Sobre todo, incidía en aprovechar que la comunidad cuenta con más conocimiento y recursos para incidir en la prevención y alertaba de que esta segunda ola está siendo «incluso mas preocupante», al producirse «en un contexto totalmente distinto».

La diputada del BNG Olalla Rodil coincidía con la parlamentaria socialista y defendió además una enmienda para instar a la Xunta a intervenir todas las residencias de mayores y centros de discapacidad privados, para evaluar los protocolos aplicados y garantizar la correcta prestación del servicio y las medidas sanitarias.

En este sentido se refería al caso de la residencia de Salvaterra, recordando que las trabajadoras ya habían alertado de la situación a la inspección en el año 2017, cuando ya se denunciaba las «deficiencias y la desatención» a los residentes por la «excesiva carga de trabajo» y condiciones del personal.

Al respecto, el diputado popular Pazos Couñago ha defendido que «el 98 por ciento de las residencias gallegas están libres de COVID» y que la Xunta actúa transitando el camino que le parece «más seguro», que es «el que señale la evidencia científica» a la hora de adoptar decisiones.

Asimismo ha contrapuesto la información diaria facilitada por la Consellería de Política Social con la ausencia de ella por parte del Gobierno central. «Pocas lecciones de transparencia pueden venir a dar», ha zanjado.

MAYOR TRANSPARENCIA

Previamente, el diputado Julio Torrado defendía una moción para instar a la Xunta a ofrecer las cifras diarias de COVID en formato de datos abiertos, así como las series históricas, los criterios principales y rangos para evaluar las medidas de restricción y ofrecer información diferenciada entre casos activos y nuevos positivos.

También solicitó un informe con el número de personal que trabaja en la Central de Seguimento de Contactos, con sus condiciones laborales y de contrato.