Inspección de Trabajo ha identificado diferentes «irregularidades» y «deficiencias» cometidas por la Consellería de Educación en la protección de la salud de los trabajadores en colegios frente a la pandemia.

En un escrito con fecha del 2 de noviembre -al que ha tenido acceso Europa Press-, tras denuncias formuladas por la CIG, Inspección de Trabajo formula varios avisos a la Consellería de Educación relativos a cuestiones como: falta de actualización de medidas a protocolos por el covid, ausencia de identificación de tareas de mayor riesgo, insuficiente adaptación de personal vulnerable a los puestos de trabajo que procedan, así como «incongruencias» sobre los EPI (equipos de protección individual) a emplear con personas con síntomas compatibles de covid.

Además, insta a que se dé cumplimiento de medidas sobre limpieza y formación, al tiempo que se respeten «escrupulosamente» los derechos de consulta y participación de los representantes de los trabajadores.

De tal forma, Inspección de Trabajo llama a la Xunta a «la subsanación de las irregularidades constatadas» y cita a la Consellería de Educación el próximo 16 de diciembre para que justifique las correcciones realizadas.

DEFICIENCIAS

Entre otras cuestiones, en este requerimiento de 11 páginas se constata que «no resulta acreditado» que «la totalidad del personal docente y no docente que presta sus servicios en centros de enseñanza no universitarios dependientes de la Conselleria haya recibido la formación pertinente».

Y es que Educación tan solo ha trasladado que hubo cursos con 3.430 inscritos de los denominados grupos covid, así como un webinar con un millar participantes.

La Consellería de Educación explica a Inspección de Trabajo que contrató a la empresa Cualtis para que haga la evaluación específica de la exposición al covid en los centros, «ante la imposibilidad de asumir dicha labor con los medios humanos y materiales existentes en el servicio de prevención propio de la Xunta de Galicia».

Así, Inspección de Trabajo observa que el «contenido es idéntico» en las evaluaciones sobre centros realizada por Cualtis con independencia de los centros educativos –más allá de cambiar el número de aulas–, por lo que no se recogen las particularidades de cada uno.

Junto a esto, la inspectora advierte de «contradicciones» entre el protocolo para centros y las «recomendaciones de la autoridades sanitarias y protocolos elaborados para otros ámbitos laborales».

FALTA DE ANÁLISIS DE RIESGOS

Una de las cuestiones sobre las que hace hincapié este informe es que «resulta necesaria una mayor concreción sobre aquellos escenarios de exposición» de los trabajadores «en los que al incrementarse el nivel de riesgo existente, se hace preciso el empleo de epis».

De hecho, tras solicitar aclaración, la Consellería «indica que desconoce si los epis se encuentran o no a disposición de los trabajadores» y lo justifica «en virtud del principio de autonomía de cada centro». También dice Educación que «desconoce» las adaptaciones de los puestos de trabajo de personas vulnerables por el mismo motivo, al tiempo que informa de que se ha encargado a Cualtis que evalúe «850 casos como máximo» en este campo.

Sobre este extremo, Inspección de Trabajo deja claro que «no es responsabilidad de cada uno de los centros si no del servicio de prevención» de la Consellería, tras la emisión del correspondiente informe médico, «el proceder a elaborar la necesaria adaptación del puesto de trabajo».

Pone de ejemplo un centro de Noia para referirse a la «incertidumbre sobre la verdadera exposición a la que se encuentran sometidos los trabajadores del centro».

SIN MASCARILLAS FFP2

También se hace mención a la «contradicción» entre el uso de mascarilla quirúrgica o de FFP2 para el acompañamiento a alumnos sospechosos de covid a zonas de aislamiento.

Es más, en el informe se deja constancia de que la Xunta no ha entregado documentación de haber hecho entrega a centros de mascarillas FFP2 ni tampoco quirúrgicas. El Gobierno gallego tan solo aporta un contrato de 400.000 mascarillas de tipo higiénicas reutilizables, «habiéndose procedido al reparto de 67.650 mascarillas higiénicas a los 33.825 trabajadores».

«En ningún sitio se establece las características técnicas de la bata desechable (estaríamos ante un epi) y ni se menciona la misma en las evaluaciones específicas», añade.

«Nada se dice sobre la protección del cuidador que debe atender al alumno, sin guardar las distancias, por tiempos superiores a los 15 minutos previstos como contacto estrecho y en espacios cerrados, por tanto con riesgo de exposición a aerosoles en el caso de posible alumno asintomático o presintomático», también exopne.

En otro orden de cosas, Educación aporta un documento en el que «pone de manifiesto que la necesidad de refuerzo de las tareas de limpieza que exige el protocolo covid, no conlleva obligatoriamente la necesidad de más personal, sino de reforzar la limpieza de determinados elementos». No obstante, se procede al refuerzo del personal de limpieza de 77 centros.

Respecto a este punto, la inspectora pide que se aclare y se aporten más datos sobre la justificación de la suficiencia de personal de limpieza en un contexto de pandemia.

LA CIG CARGA CONTRA LA «DEJADEZ» DE LA XUNTA

Por su parte, los secretarios de CIG Ensino y Administración, Suso Bermello y Zeltia Burgos, han cargado contra la «dejadez» del Gobierno gallego para proteger a los 40.000 empleados de personal educativo y no educativo en los centros. Esperan que de aquí al 16 de diciembre haya un «cambio radical» por parte de la Xunta, pues de lo contrario no se van a quedar «parados».

En rueda de prensa, Bermello valora que esta resolución «certifica» todas las denuncias formuladas por la CIG respecto a que «no hay servicios de protección merecientes de tal nombre» en la Consellería de Educación, que tiene que recurrir a Cualtis para que haga un «corta y pega».

Reprocha que la Xunta es «la administración que más incumple la ley de prevención de riesgos», «más que empresas privadas», lo que tacha de «vergonzoso». Lamenta que una organización sindical tenga que denunciar lo que sucede para que el Gobierno gallego «haga lo mínimo e indispensable» en materia laboral.

También recrimina que «se ninguneó por completo» por parte de la Xunta a las organizaciones sindicales en esta materia.

Además, este sindicalista afea a la Xunta que «pretendió lavarse las manos» al echar culpas hacia las direcciones de los centros y sin aceptar sus responsabilidades sobre las «confusiones» en el uso de mascarillas. «No se atendió para nada las cuestiones de salud y protección de los trabajadores», sentencia.

En esta línea, Zeltia Burgos incide en la «omisión clarísima» del deber de la Consellería en su «responsabilidad de empleador» a la hora de proporcionar los EPI o dar formación. La CIG pone el foco sobre que la Xunta no aportó documentación sobre la compra de FFP2, «obviamente, porque no existe».

Finalmente, más allá del informe, la CIG ha mostrado su queja de que Galicia sea una de las dos únicas comunidades que no aportan datos de los contagios en centros desagregados entre alumnos, profesores y personal no docente, de forma que se impide «investigar si se está actuando mal» y «no se tiene capacidad correctora».