La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados ha aprobado este lunes por unanimidad una Proposición No de Ley (PNL) en la que insta al Gobierno a pedir a Filipinas una investigación imparcial sobre la muerte del español Diego Bello tras recibir seis disparos en enero de 2020 en la isla de Siargao.

La PNL pide al Gobierno que se solicite a las autoridades filipinas, «en aras de la relación de amistad y cooperación diplomática», promover una investigación imparcial que permita esclarecer las circunstancias de la muerte del joven coruñés, «determinando la identidad y paradero de los presuntos autores de los disparos y estableciendo medidas cautelares que eviten su posible fuga antes de un eventual juicio».

Asimismo, se solicita a Filipinas toda la documentación judicial de la que pudiera disponer relativa a este suceso, tanto la previa intervención policial que le causó la muerte como la posterior a la misma, resultado de la investigación realizada.

El texto defendido por la diputada del PP Valentina Martínez Ferro plantea las «numerosos dudas» que persisten diez meses después del asesinato sobre las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento, que según las autoridades filipinas ocurrió en el marco de una operación antidroga.

Entre otras cuestiones, en la PNL impulsada por el Grupo Parlamentario Popular se recuerda que Diego Bello no tenía antecedentes penales ni había estado involucrado en incidente alguno relacionado con la compra, venta o consumo de estupefacientes ni se ha podido demostrar que portara drogas ni arma alguna en el momento de recibir los disparos.

En esta línea, en el texto se recuerda que tanto los testimonios de los testigos como el informe forense realizado en España y la investigación elaborada por la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas (CHR) «despiertan dudas respecto a las circunstancias en las que se produjo la muerte».

En este sentido, el informe toxicológico realizado en el Instituto Legal de Madrid por orden de la Audiencia Nacional descartó que hubiera consumido ningún tipo de sustancia estupefaciente durante al menos los ochos meses anteriores o que hubiera disparo, al no encontrarse restos de pólvora en sus manos. Además, las imágenes de una cámara de seguridad que descartan que portada un arma o mochila o riñonera donde esconderla.

Igualmente, los testigos contradicen la versión oficial en el sentido de que no se produjo ningún enfrentamiento armado entre policías y víctima, así como que el revolver y la riñonera con droga depositada junto al cadáver fueran de su propiedad.

Según la investigación elaborada por la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas (CHR), «todo apunta a una ejecución sumaria», se recuerda en el texto de la PNL.

En base a estas argumentaciones, en la Proposición No de Ley se solicita la intermediación del Gobierno para que se esclarezcan de forma definitiva todas las circunstancias de la muerte de Diego Bello y para que la familia del joven coruñés «reciba un consuelo que sólo es posible si se esclarece el caso y que, eventualmente, se depuren las responsabilidades».