El vicepresidente segundo de la Xunta, Francisco Conde, ha pedido al Gobierno que actualice los tramos fiscales del impuesto de matriculación de vehículos para que la nueva escala de emisiones establecida para vehículos no incremente su coste y que detalle los criterios que fijarán los consorcios público-privados que impulsarán proyectos tractores.

Así se ha pronunciado tras participar, junto a representantes de gobiernos autonómicos, sindicatos y el sector de la automoción, por vía telemática en la mesa de la convocada por el Ministerio de Industria, en la que ha lamentado que no se produjesen «ningún tipo de avances».

En este sentido, el vicepresidente económico del Ejecutivo autonómico ha criticado que el Gobierno no confirmase si se modificará el tramo fiscal del impuesto de matriculación para evitar un «incremento significativo» del precio de los vehículos a partir de 2021.

En concreto, ha recordado que se ha establecido una escala nueva para las emisiones de vehículos que «no se lleva a tramos fiscales de los impuestos de la matriculación». Así, ha apuntado que se reducen las emisiones que pueden realizar los vehículos, por lo que ha reclamado que se actualicen los tramos fiscales para que este cambio de modelo no tenga un impacto en el coste de la matriculación, una medida que se aplica en países como Francia y Portugal.

También ha trasladado al Ejecutivo central la importancia de «generar certidumbre» en el consumidor dado que «la demanda marcará en los próximos meses la evolución del empleo» del sector de la automoción y ha solicitado que concrete si se retirará de los Presupuestos Generales del Estado la subida del diésel en 3,8 céntimos.

Adicionalmente, ha valorado que el Gobierno se sumase a la apuesta por la I+D+i en la automoción que se realiza en la comunidad mediante proyectos tractores colaborativos. Así, ha demandado «una mayor transparencia» para conocer los criterios del Ejecutivo para fijar los consorcios público-privados que impulsarán los proyectos tractores para poder contemplarlos en la propuesta de Galicia, que trabaja para aprovechar la oportunidad que suponen los fondos europeos Next Generation para la transformación del sector.

CANDIDATURA PARA OPTAR A FONDOS EUROPEOS

Por otra parte, durante su participación en la asamblea de la patronal del metal, Asime, el también conselleiro de Economía, Empresa e Innovación ha destacado que la candidatura gallega para los fondos europeos Next Generation cuenta con proyectos de los sectores de la automoción y el aeronáutico y ha ofrecido la posibilidad de trabajar con el naval para identificar nuevas oportunidades en este ámbito.

De este modo, ha apelado al diálogo entre la Administración y los distintos agentes para promover la recuperación económica, para la que ha abogado por potenciar la colaboración público-privada. Además, ha resaltado la necesidad de potenciar la innovación y la internacionalización de los sectores estratégicos de la comunidad economía gallega ya que se verán impulsadas con los fondos europeos Next Generation.

De hecho, Francisco Conde ha recordado la candidatura gallega que la Xunta ha presentado al Gobierno cuenta con 108 proyectos que podrían movilizar más de 9.400 millones de euros.

Preguntado tras la asamblea, el secretario general de Asime, Enrique Mallón, ha explicado que se trabaja para presentar «en las próximas semanas» un «bloque de proyectos» vinculados a las energías renovables, la potenciación del talento y la creación de nuevas empresas en línea con las demandas de la UE.

Así, ha mostrado su esperanza de que las iniciativas favorezcan el fortalecimiento del sector metalúrgico y ha indicado que se prevé que los resultados del mismo correspondientes al segundo semestre permitan «paliar en parte» las caídas de los primeros seis meses de 2020.

Asimismo, Francisco Conde ha precisado que en enero se conocerán «los criterios de elegibilidad de proyectos» para poder acceder a fondos Next Generation y que estos deberán presentarse antes del 30 de abril de 2021. En esta línea, ha recalcado que se trabaja para que las iniciativas estén lo «suficientemente maduras» para poder ser candidatas a los fondos de reconstrucción cuando la Comisión Europea aprueba el plan nacional de reformas que deberá presentar el Gobierno de España.