El vicepresidente segundo de la Xunta, Francisco Conde, ha asegurado que el Gobierno gallego «tiene claro» que en caso de «situación de no retorno» con el despido de más de 500 trabajadores de la fábrica de Alcoa San Cibrao, en Cervo (Lugo), se deberá proceder a una intervención.

No obstante, ha abogado por que, antes de eso, se agoten «todas las vías desde el punto de vista legal y jurídico» para revertir el expediente regulador de empleo (ERE), que será objeto de un jucio en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) el próximo 3 de diciembre; al tiempo que ha recordado que todavía hay mano tendida para que la multinacionalidad acceda a la venta a Liberty House.

Todo ello lo ha manifestado Francisco Conde durante una entrevista concedida este domingo a Radio Nacional y recogida por Europa Press, en la que se ha reafirmado en que si Alcoa «se sigue oponiendo» a todas estas soluciones, «llegará el momento de la intervención».

Pero eso sería, ha matizado el también conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, una vez celebrado este juicio en el que espera «que se pueda atender a la reclamación de los trabajadores y se pueda impugnar el ERE», un asunto en el que la Abogacía del Estado y la Asesoría Xurídica de la Xunta «trabajan conjuntamnete».

«Los trabajadores tienen a dos administraciones defendiendo sus derechos y no vamos a dejar, lógicamente, ningún resquicio para que se logre ese objetivo final de garantizar el mantenimiento del empleo y de la actividad», ha sentenciado Conde.

LA SANIDAD, UNA «PRIORIDAD»

En otro orden de cosas, el vicepresidente económico de la Xunta ha reconocido que la pandemia de la COVID-19 deja a Galicia en «un momento muy complicado» desde el punto de vista sanitario, que es la «prioridad», junto con las consecuencias que conlleva «en el ámbito económico».

En este contexto, ha recalcado que el Ejecutivo gallego ya «está poniendo en marcha» líneas de ayudas de «rescate» hacia autónomos, pequeñas y medianas empresas y hosteleros, por un total de 80 millones de euros «que intentan llegar a los que más lo precisan». Para lanzar estas subvenciones, Conde defiende que «hay una coordinación muy constructiva y muy positiva» tanto con los sindicatos como con la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG).

Al hilo de esto, ha prometido que «de forma inmediata» durante este mes de noviembre se pondrán en marcha tanto las ayudas directas a los sectores como los préstamos «con tres años de carencia» para los afectados «que tienen más problemas para acceder» a los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

«Lo más importante es que tienen que saber todos esos sectores que no vamos a dejar de identificar cualquier ayuda directa que les permita afrontar esta situación de seguridad», ha subrayado.

PRESUPUESTOS QUE «ESTÁN CERRANDO»

Acerca de los presupuestos de la Administración autonómica para 2021, Conde ha informado de que todavía se «están cerrando», pero no ha pasado por alto el aumento del 15 por ciento del techo de gasto que fue aprobado en el Parlamento, lo que «permite incrementar» las inversiones.

Preguntado sobre en qué departamentos repercutirá esta subida, ha reconocido que «una parte muy significativa» estará dedicada al ámbito sanitario y asistencial, así como a las políticas de carácter social. «Y en tercer lugar, en el ámbito económico, para garantizar y sentar las bases de los más necesitados del impacto directo, pero sobre todo pensando también en la recuperación», ha apostillado.

Asimismo, ha explicado que la Xunta cuenta con aprovechar los fondos europeos de reconstrucción que lleguen a Galicia «para consolidar la recuperación» y «no solo garantizar la creación de empleo, sino identificar actuaciones e iniciativas vinculadas a la digitalización y a la transición energética». En este sentido, el Ejecutivo gallego ya identificó en torno a un centenar de proyectos que pretenden movilizar unos 9.000 millones de euros.

Para el reparto de los estos fondos, Conde ha insistido en reclamar al Gobierno de España unos criterios «que no respondan a decisiones de carácter territorial», sino que sean «transparentes», que permitan una competición en «igualdad de oportunidades» y que «primen proyectos de calidad».

El vicepresidente económico de la Xunta también ha defendido que el reparto garantice una «cohesión» entre territorios, es decir, que tengan en cuenta la «transición industrial, la renta per capita y el reto demográfico».

INICIATIVAS PÚBLICO-PRIVADAS

En definitiva, tal y como ha resumido, que sean unos fondos «que permitan no solo desarrollar políticas públicas sino, sobre todo, iniciativas público-privadas que, a través de la colaboración de las empresas, permitan crear empleo».

Para esta labor, Conde ha dicho, en la entrevista en Radio Nacional, que espera contar con la colaboración de la oposición –BNG y PSdeG– para poder «acertar». «El Gobierno (gallego) no tiene otra vocación que identificar los proyectos tanto públicos como privados que nos permitan generar empleo», ha asegurado.

Por eso, con la comisión de reactivación ya en marcha en el Parlamento de Galicia, el vicepresidente ha deseado que sus conclusiones puedan estar listas «cuanto antes» y que este órgano aporte «realismo y, sobre todo, consenso y acuerdo» con respecto a las propuestas que permitan afrontar los retos que deja la pandemia.