El presidente del comité de empresa de Alcoa, José Antonio Zan, ha celebrado la «celeridad» con que la justicia ha fijado fecha para el juicio contra el despido colectivo que la multinacional quiere aplicar en Cervo (Lugo), al tiempo que ha advertido de que esta cita servirá para «demostrar cada una de sus mentiras».

En un video remitido a los medios, Zan, junto a otros compañeros, ha asegurado que están «muy felices de que cuanto antes se vaya a juzgar este ERE y se demuestren las mentiras que Alcoa ha dicho».

Además, ha instado a ambos gobiernos a exigir a la compañía «que se abstenga» de afirmar públicamente que considera que el fallo sobre las medidas cautelares «incumple las normas procesales». «Es vergonzoso», ha subrayado el representante de los trabajadores, antes de pedir a las administraciones que «llamen al orden a esta empresa».

En concreto, Zan ha emplazado al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, a que desautorice a la multinacional tras el recurso de apelación que presentó contra el fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que impide parar las cubas de la planta mariñana.

Ha reprobado que la empresa «ponga en tela de juicio» a la justicia, como «sí fuera un país bananero». «Eso no se puede consentir por parte de Alcoa», ha avisado. Y es que la multinacional presentó este miércoles un recurso de apelación contra el fallo del TSXG que le impide parar las cubas de electrolisis de aluminio primario de San Cibrao.

La empresa cree que la resolución de los altos magistrados que aceptó en parte las medidas cautelares pedidas por los representantes de los trabajadores «incumple algunas normas procesales».

«Vemos que Alcoa no cesa en sus errores. Era lo que faltaba ya, que dijeran que la justicia española ha dictado un auto ilegal. La problemática no da para más», ha lamentado el presidente del comité. Además, ha vuelto a hacer «el ofrecimiento» que ya lanzaron el lunes, el de «paz social» a cambio de que la multinacional se siente a negociar la venta de la factoría y la retirada del despido colectivo.

Según ha remarcado, el expediente que afecta a 524 trabajadores «está basado en mentiras», puesto que «el complejo (incluidas ambas plantas de aluminio y de alúmina) ganó en 2018 más de 90 millones de euros».

«Lo que pasa es que el precio de la alúmina en aquel entonces, por el problema de una fábrica de Brasil, subió muchísimo, llegó a triplicar el precio de la luz, lo que conllevó que la planta de aluminio tuviera perdidas, pero la planta de alúmina tuvo unas ganancias desorbitadas. Cuando la planta de aluminio tenía ganancias y la de alúmina pérdidas asumía esas pérdidas la planta del aluminio», ha expuesto.