Técnicos de la Consellería de Cultura, abogados de la Administración gallega, de la Abogacía del Estado, de los Franco y del Ayuntamiento de Sada (A Coruña), junto a la representación judicial, entre ellos la titular del Juzgado de Primera Instancia número uno de A Coruña, Marta Canales, han accedido al interior del Pazo de Meirás para proceder al inicio del inventario de los bienes.
Lo han hecho pasadas las 10,10 horas e inicialmente también lo hizo el alcalde de Sada, Benito Portela, pero, finalmente, se estimó que era más conveniente que no estuviese presente durante el inventario, que el regidor no descartó que dure más de un día.
En el exterior del pazo, ha agradecido la «premura judicial», después de que el juzgado que condenó a los Franco a la devolución del inmueble, y fijó el 10 de diciembre para ello, aceptase la ejecución provisional de la sentencia y el posterior inventariado solicitado por la Abogacía del Estado al avanzar la familia del dictador su intención de trasladar bienes.
«Ayuda a que estemos más cerca de que sea incorporado al patrimonio público», ha dicho sobre el pazo. Sobre su contenido, ha recordado que el ayuntamiento solicitó la incoación de un expediente para incorporar el resultado de este inventario a la declaración de BIC del pazo.
«Independientemente de la titularidad de cualquier cosa, que permanezcan dentro porque entendemos que tienen un interés conjunto», ha dicho excluyendo de ello piezas que se consideren exclusivamente de ámbito personal.
Sobre la viabilidad de conservar bienes que están dentro del pazo, pero que no fueron incluidos en la demanda del Estado contra los Franco, ha reiterado que si se incorporan al decreto BIC «tendrán que ser conservados dentro del sitio histórico Pazo de Meirás». Así, ha considerado que «muchos de ellos» deberían permanecer en él, entre los que ha citado la biblioteca de la escritora Emilia Pardo Bazán, de la que se estima que puede haber unos 3.200 volúmenes.
DESPLIEGUE DE MEDIOS
La entrada a Meirás se ha producido ante un amplio despliegue de medios de comunicación y con la presencia de cuatro agentes de la USECIC, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, en el exterior, y dos agentes de la Benemérita en el interior.
Casi veinte minutos antes del horario previsto inicialmente, a las 10,30 horas, han accedido al pazo la comitiva judicial, dos letrados de la Xunta, el abogado de la familia Franco, el del Ayuntamiento de Sada y dos de la Abogacía del Estado.
A ellos, se suman cuatro técnicos de la Consellería de Cultura que, junto a los demás, harán un recorrido tanto por el exterior como por el interior del inmueble ya que el inventario incluye ambas zonas.
PROCEDIMIENTO
Este proceso se lleva a cabo después de que el Juzgado de Primera Instancia número uno de A Coruña, que condenó a la familia Franco a la devolución del pazo, acordase la ejecución provisional de la sentencia, como solicitó la Abogacía del Estado.
Tras esta decisión, los Franco trasladaron, a través de sus abogados, que no se opondrían a la entrega del inmueble de forma «provisional» mientras no se resuelve el recurso que han presentado ante la Audiencia Provincial de A Coruña. No obstante, días después manifestaron su voluntad de proceder al traslado de bienes del interior del pazo.
Este anuncio dio lugar a que por parte del Estado se presentasen el lunes medidas cautelares para pedir un inventariado de los bienes. La titular del Juzgado de Primera Instancia número uno de A Coruña estimó la petición y acordó la realización de un inventario que abarque la totalidad de los existentes.
Mientras que el inventario no esté finalizado y la jueza no lo autorice expresamente, la familia Franco no puede trasladar o retirar ningún tipo de bien de la finca. El objetivo de la medida es «preservar la integridad» del inmueble antes de que el próximo 10 de diciembre se ejecute provisionalmente la sentencia.
