El Grupo Parlamentario del PPdeG ha presentado 26 enmiendas a la Ley de ordenación territorial que este martes ha defendido la conselleira de Medio Ambiente e Territorio, Ángeles Vázquez, y que ha iniciado su tramitación en la Cámara autonómica, por segunda vez –la anterior fue justo antes de la disolución del hemiciclo por la celebración de elecciones– tras salvar las enmiendas de devolución presentadas por la oposición.

La conselleira ha vuelto a plantear a los grupos un texto que viene a sustituir un texto de hace 25 años y que, según sus palabras, va a «garantizar la cohesión social y mejorar la calidad de vida de los gallegos, completando así el camino que inició en 2016 la ley del suelo» y, después, su reglamento para dotar a Galicia de una normativa urbanística «más simple, ágil y eficaz».

Uno de los grandes objetivos de esta normativa, dijo Ángeles Vázquez, es lograr que todos los ayuntamientos cuenten con un plan general, facilitar el desarrollo ordenado en el medio natural y garantizar la protección del paisaje, un preocupación esta última que cuestionó el diputado socialista Luis Álvarez, al constatar que el gobierno de Feijóo tardó «doce años» en aprobar un decreto con este fin.

Junto a él, la diputada del BNG también pidió la devolución del texto al Gobierno autonómico. Coincidieron los dos parlamentarios de la oposición en que el texto es «innecesario» y «no queda motivada suficientemente» su presentación.

En palabras de la parlamentaria nacionalista, el Ejecutivo autonómico revela una «miopía contrarreformista», al tiempo que advierte de que si se tratase de realizar una simplificación y agilización de trámites, bastaría con dotar de «más recursos» a los servicios que tienen que llevarlos a cabo.

Por su parte, el diputado del PPdeG Martín Fernández Prados apeló a cuando él mismo formaba parte con el actual presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de la consellería de Política Territorial en el último gobierno de Fraga. Y tras censurar que en el gobierno bipartito «solo se aprobó un plan de vivienda» que suscitó la «unamimidad» pero «en contra» de toda Galicia, señaló que «tuvo que llegar Feijóo para en el año 2011» aprobar «las primeras directrices de ordenación del territorio».

Las enmiendas de devolución han sido rechazadas, con lo que la normativa ha entrado a trámite y será el momento de negociación de los grupos parlamentarios, que ya han registrado sus enmiendas parciales.

El propio grupo mayoritario, que sostiene al Gobierno, ha incluido 26 enmiendas, que modifican y ajustan la ley enviada tras su paso por el Consello de la Xunta.

Una de las cuestiones que ha incluido los populares y que, por lo tanto, serán incluidas en el texto final (salvo matices que pueda aportar la oposición), es relativa a la incidencia de la ley en cuanto a las directrices de ordenación del territorio.

Así, el Ejecutivo tendrá que aprobar el documento que contenga la nueva clasificación (recogida en esta nueva ley) y estudiará «la incidencia» de la normativa sobre ellas, con el fin de «proponer las modificaciones o conclusiones oportunas», un documento que tendrá que ser elevado al Parlamento para su «conocimiento y valoración».

CREACIÓN DEL CONSELLO DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO

Las enmiendas de los populares también incluyen novedades como la creación de un Consello de Ordenación do Territorio de Galicia, que será el órgano colegiado de tipo representativo y consultivo dispuesto para la coordinación de los intereses territoriales, públicos y privados que concluyen en el territorio de la comunidad. Quedará adscrito, «sin dependencia jerárquica», a la consellería en materia de territorio.

Su composición, dice este nuevo artículo a propuesta de los populares (sería el número 25 bis), «asegurará una presencia institucional que permita la coordinación de los distintos departamentos de la administración de la comunidad con el resto de administraciones públicas» con competencias sobre el territorio y contará con representantes de las organizaciones más representativas de las entidades locales, empresariales y sindicales, entre otras.

Este órgano tendrá las siguientes funciones, según esta enmienda: emitir informe sobre los instrumentos de ordenación territorial elaborados por la Comunidad Autónoma, así como sobre todos los anteproyectos de la administración autonómica que incidan en la ordenación del territorio; emitir informe territorial sobre planes, programas y proyectos con incidencia territorial; evacuar consultas que le sean requeridas por el Parlamento o la responsable de la consellería; promover la realización de investigación y reuniones científicas, estudios y actuaciones de divulgación en materia de ordenación del territorio; e informar a la Comisión Superior de Urbanismo en aquellas cuestiones que, por su dimensión o importancia, lo requieran a solicitud de su presidente».