El Grupo Parlamentario del BNG ha presentado una proposición no de ley en la que insta a la Xunta a elaborar una nueva ley con el objetivo de arbitrar mecanismos para la modificación excepcional de los contratos de arrendamiento de locales de negocios cuya actividad fuese limitada como consecuencia de la pandemia.

Con ello, los nacionalistas quieren que se «distribuyan los riesgos de forma solidaria y equitativa» y «ayude a la continuidad de las actividades y al mantenimiento de los puestos de trabajo», según recoge la propia iniciativa que ha presentado este jueves la diputada del BNG Alexandra Fernández.

Tal y como incluye la propuesta del BNG, esa ley debería tener en cuenta la capacidad, por parte del arrendador, para asumir el pago de la renta del local en las actuales circunstancias y definirá los criterios de renta, patrimonio, beneficio u otro que se estime oportuno, que deberá cumplir el arrendador para acogerse a la modificación extraordinaria del contrato de alquiler.

Asimismo, los nacionalistas aspiran a que esa ley establezca mecanismos que arbitren la modificación temporal, con una reducción de la renta debida por la parte arrendataria en la misma proporción que la reducción de los ingresos que se derivan de la actividad económica en el local.

Esa normativa, señala la iniciativa, deberá tener en cuenta la capacidad del arrendatario para asumir la reducción de la renta, distinguiendo entre gran propietario y pequeño mediante criterios de patrimonio, renta u otros que se estimen oportunos. En el caso de pequeños propietarios, la Xunta habilitará una línea de ayudas directas para el pago del alquiler.

La ley, según pide el BNG, establecerá mecanismos para la utilización de las cantidades depositadas en concepto de garantía o fianza como método de pago excepcional.

Finalmente, la iniciativa pretende también que esa normativa contemple mecanismos que permitan «desistir» del contrato de alquiler sin penalización, siempre y cuando sea por motivos imputables a la pandemia y teniendo en cuenta la capacidad económica de asumir los riesgos, tanto del inquilino como del arrendador.

«SITUACIÓN DE AHOGO»

Alexandra Fernández ha lamentado la «situación de ahogo» del sector, cuya resistencia «está llegando a su fin» con el «cierre de miles de negocios, pérdida y destrucción de miles de trabajo».

«Cada día que pasan sin ayudas, es un negocio que se cierra», ha apuntado la diputada nacionalista, quien ha reclamado «ayudas directas y otra serie de medidas complementarias», como el arbitraje de alquiler.