El pacto entre PSOE, Unidas Podemos y ERC para que las comunidades autónomas sean las que determinen cuál es la lengua vehicular en su territorio a motivado un nuevo desencuentro entre la Consellería de Educación y el Ministerio del ramo.

Esta decisión supondría eliminar de la ley la referencia a que el castellano sea lengua vehicular, lo que para el conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, supone crear un conflicto hasta ahora inexistente y utilizar la cuestión del idioma «con una clarísima intencionalidad política».

Rodríguez ha advertido de que Galicia «no va a apoyar modelos» que se sitúen «en contra de la convivencia» de las lenguas «o que las usen como excusa para el conflicto social». «Si el Gobierno pretende hacerlo, nosotros le recomendamos que se fije en el modelo gallego como referencia y que no cree problemas donde no existen», ha insistido.

El titular autonómico ha situado a la comunidad como referente en materia lingüística con modelo bilingüe «totalmente normalizado», como evidencian los datos del informe PISA relativos al dominio de ambos idiomas por parte del alumnado.

«No confronta, busca siempre la convivencia y apuesta por relacionarnos con los demás en pie de igualdad», ha defendido Rodríguez, para advertir de que la Xunta no permitirá que este modelo «se vea alterado por decisiones que, sin duda responden a otro tipo de intereses y fomentan la intolerancia y la incomprensión entre las lenguas».

ANPE

En esta línea, el sindicato ANPE rechaza que se suprima la referencia al castellano como lengua vehicular en la Educación, ya que esta medida «afectaría al carácter estatal de los cuerpos docentes».

«El castellano es la lengua oficial de todos los españoles, un derecho básico y fundamental. Y el Gobierno de España debe proteger los derechos lingüísticos de todos sus ciudadanos. La desaparición del castellano como lengua vehicular afecta también al carácter estatal de los cuerpos docentes».

La organización pide a los grupos parlamentarios, en caso de que se llegue a introducir esta enmienda en la reforma educativa, que recurran dicha medida «inmediatamente» ante el Tribunal Constitucional. Precisamente, este mismo miércoles el presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado que su formación recurrirá ante el Tribunal Constitucional la reforma «si el Gobierno y sus socios nacionalistas excluyen el castellano como lengua vehicular».

En opinión de la organización sindical, la ‘ley Celaá’ es un proyecto de ley que «va a nacer de la imposición, sin consenso, sin diálogo y sin negociación con la comunidad educativa y con sus legítimos representantes», además de ser «una ley que responde más a ser una moneda de cambio para otros asuntos de la gobernabilidad de España, y que no responde a la necesidad de que la Educación sea una verdadera prioridad política y social».