Vicepresidencia de la Xunta ha replicado, en relación a las críticas lanzadas por el sindicato Alternativas na Xustiza-CUT, que ha aplicado «mejoras tecnológicas» dirigidas a la modernización de esta administración para adaptarla a la situación de la covid-19.

Así, ha defendido que, en el marco de la comisión de seguimiento de la crisis sanitaria, en «coordinación» con el TSXG, acordó un protocolo de cita previa y otro para la celebración telemática de las vistas elaborados por la Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) y que fueron validados por el Consejo General del Poder Judicial.

Por otro lado, también ha defendido que, desde que se decretó el estado de alarma, todos los jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia y 64 médicos forenses «pudieron teletrabajar», al igual que «500 funcionarios de la Administración de justicia», junto con psicólogos y trabajadores sociales, que se acogieron de forma voluntaria al teletrabajo.

Todos ellos lo hicieron, han indicado estas mismas fuentes, con la regulación de la orden del Ministerio de Justicia por la que se reguló el plan de desescalada. Por su parte, la Administración autonómica defiende que ha llevado a cabo las medidas de prevención necesarias, tanto con la instalación de barreras como con el reparto de material de protección y desinfección, lo que ha supuesto un coste de más de 1,3 millones de euros.

CRÍTICAS

Alternativas na Xustiza denunció este martes que esta administración fue «la única que no pudo teletrabajar de forma efectiva» durante el confinamiento, «al no contar con los medios técnicos necesarios» y «no disponer de regulación propia».

Por ello, AXG-CUT señala que, en un momento «histórico» como el actual es necesario «implementar las medidas necesarias que favorezcan el teletrabajo real básico». En este sentido, ha advertido de que uno de los principales inconvenientes es la falta de digitalización.

Con ese objetivo, debería constituirse un servicio común de digitalización y videoconferencias en las siete grandes ciudades, con las siguientes funciones: digitalización de expedientes necesarios en los juzgados; digitalización de la documentación en soporte papel de nueva incorporación; implantación de un fax único; y realización de videoconferencias pasivas –las solicitadas por otros órganos–.