El sindicato CIG ha presentado este viernes una denuncia penal en los juzgados de la ciudad contra el alcalde, Abel Caballero, por la supuesta vulneración del derecho a la huelga de los bomberos de la ciudad, después de que los tribunales hubieran declarado nulo el decreto de servicios mínimos aprobado por el gobierno local.

Según ha recordado la central nacionalista, existen varias sentencias que dan la razón al colectivo de bomberos acerca de sus denuncias sobre la situación del servicio. Así, el gobierno local aprobó un decreto que suprimía los descansos e imponía horas extras a estos funcionarios, y que fue anulado por el Contencioso Administrativo (y en segunda instancia por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia).

Cuando los bomberos de Vigo iniciaron su huelga indefinida, en agosto del año pasado, para reclamar más personal y mejores condiciones, el gobierno local aprobó un decreto de servicios mínimos que, en la práctica, establecía que el número de efectivos debía ser el mismo que en una jornada ordinaria (20 más un mando).

Ese decreto también fue anulado en primera instancia y luego por el TSXG, por entender que los servicios mínimos aprobados «vacían de contenido» el derecho a la huelga, al coincidir con el número de efectivos que trabajan ordinariamente.

«DEPURAR RESPONSABILIDADES»

Pese a esas sentencias, han denunciado los sindicatos, el gobierno local no ha movido ficha y no ha corregido la situación. De hecho, hace unos días, el alcalde, Abel Caballero, se limitó a señalar que el gobierno «toma nota» de la sentencia sobre los servicios mínimos para próximas huelgas, dando por concluido el paro en el servicio de bomberos, pese a que todavía está vigente.

Por todo ello, la CIG ha interpuesto esta denuncia contra el regidor, al entender que «fue la autoridad municipal que coartó e impidió el legítimo ejercicio del derecho de huelga, que legítimamente fue convocada por dos sindicatos (CIG y CUT) del Ayuntamiento».

Asimismo, ha indicado que, tras las resoluciones judiciales en el ámbito contencioso administrativo, «toca ahora que los órganos de la jurisdicción penal depuren responsabilidades».

PROTOCOLO COVID

Por otra parte, la CIG también ha informado de que, junto a los sindicatos CUT y CC.OO., ha presentado denuncia ante la Inspección de Trabajo para que determine si hubo incumplimientos o irregularidades en la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales, en relación con las medidas de protección antiCOVID.

Los sindicatos han apuntado que, tras el contagio de un bombero, sus compañeros no fueron informados de inmediato de que tenían la condición de «contacto estrecho» con esa persona, y la jefatura del servicio, supuestamente por indicación del médico, «conminó a varios funcionarios a acudir a su trabajo, siendo conscientes de la condición de contacto estrecho» con el empleado que había dado positivo.

«Algunos trabajadores, por miedo a posibles sanciones y represalias derivadas del actual clima de conflicto en el servicio, se incorporaron a su puesto, convirtiéndose en potenciales propagadores del virus entre sus compañeros, familias y demás ciudadanos», han censurado los sindicatos.