La Xunta de Galicia y la Confederación Galega de Asociacións de Veciños (Cogave), que aglutina a siete federaciones de las cuatro provincias, constituirán un grupo de trabajo con el fin de intercambiar información de forma ágil y directa sobre los casos de ocupación ilegal de viviendas que se detecten en la Comunidad.

Así lo acordaron en un encuentro la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, y una representación de la junta directiva de la entidad, que mantuvieron una videoconferencia para hablar de este fenómeno y de su evolución en Galicia en los últimos meses, un período en el que se ha detectado una agudización del problema y un incremento de la inquietud social que provoca entre propietarios y vecinos afectados.

En este sentido, la conselleira y la presidenta de Cogave, María Luisa Varela, coincidieron en la oportunidad de crear un grupo de trabajo conjunto para tratar en exclusiva este tema, toda vez que las asociaciones vecinales son a veces las primeras en detectar un problema de ocupación ilegal, alertando a las autoridades o a los propietarios, y por tanto, «manejan información muy relevante al respecto de un fenómeno difícil de cuantificar».

De hecho, Vázquez les recordó que la reforma legislativa por la que aboga la Xunta tiene entre sus objetivos fundamentales otorgar a las comunidades de vecinos, a través de su presidencia, el derecho a actuar ante la justicia para «exigir el cese de las molestias e incluso la desocupación inmediata de un inmueble, cuando la convivencia se vea alterada por este tipo de situaciones».

Al respecto, ha adelantado a los miembros de Cogave que la propuesta que Galicia le quiere trasladar al Gobierno central, como única administración con competencias para cambiar el actual marco jurídico, está ya muy avanzada, y contará con las aportaciones y el aval de la Universidade de Santiago así como de varios expertos penalistas.

RONDA DE CONTACTOS

La reunión con Cogave se enmarca en la ronda de contactos que abrió la conselleira en el mes de septiembre con diferentes instituciones públicas y privadas, expertos y entidades afectadas directa o indirectamente por el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas con el fin de intercambiar propuestas para buscar «una solución efectiva y duradera al problema».

Los últimos contactos fueron con el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, a quién también se le propuso la puesta en marcha de una comisión bilateral entre ambas administraciones con relación a la ocupación ilegal de viviendas, y con el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes.

Antes de estos encuentros, la conselleira también se reunió con asociaciones de vecinos de algunas de las zonas más afectadas por el fenómeno de la ocupación en Galicia y llevó al Parlamento una propuesta de Pacto Social por la Vivienda, abierta a la participación de todos los grupos de la Cámara, así como de otras entidades y colectivos sociales implicados en el problema.