La representación procesal del Ayuntamiento de Sada ha presentado este jueves su escrito de oposición al recurso de apelación presentado por los Franco.
En el escrito, de 86 folios, se pone de manifiesto que «contrariamente a lo indicado en el recurso de los Franco, el debate jurídico y la resolución del pleito no puede hacerse con abstracción de los hechos relevantes».
«Y de especial trascendencia, que el Pazo fue residencia oficial del dictador, Caudillo de España, jefe del Estado y que, en virtud de sus propias normas, asumía todos los poderes del Estado», explica el consistorio.
El Ayuntamiento de Sada entiende que los Franco critican «aquello que es decisivo». «La aplicación jurídica del contexto histórico en el que Franco adquirió la propiedad mediante el fraude, el negocio simulado y título radicalmente nulo, y después sus herederos, con pleno conocimiento, detentaron tras la muerte del dictador».
«Los Franco no quieren hablar de la historia porque saben que les perjudica para la resolución judicial en un procedimiento que es de materia civil, pero que está sobredeterminado por las circunstancias y hechos históricos, de indudables efectos jurídicos», añade.
ALEGATOS
Los alegatos presentados insisten en que el asunto del Pazo de Meirás es «un caso único». «Y así debe ser tratado, al igual que el propio Tribunal Supremo consideró en varias sentencias la retirada de los restos de Franco del Valle de los Caídos».
Entiende el Ayuntamiento de Sada que en el proceso judicial seguido «quedó suficientemente acreditado y probado con las testigos tanto la nulidad de títulos como el origen de la incorporación del Pazo y edificaciones y terrenos intramuros al Patrimonio del Estado». «Como también quedó probado la posesión de mala fe tanto por el dictador como por sus herederos», sostiene.
Por último, señala que, una vez que ya está interpuesto el recurso de los Franco y admitida sua tramitación, procede la ejecución provisional de la sentencia.
Por ello, muestra su satisfacción por el anuncio del Gobierno de que solicitará dicha ejecución y sostiene que «no hay razones legales» que la impidan. «Una ejecución que, además, facilitaría el régimen de vistas y de uso público del Pazo», concluye.
