La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, llama al Gobierno a revisar el convenio con Audasa en la AP-9 que considera «abusivo», más allá de las bonificaciones de peajes que incluya en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, que la Xunta quiere analizar con «máxima atención» para leer «la letra pequeña».
Después de que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, comprometiese esta semana la «eliminación del agravio que muchos gallegos sufren con los peajes de la AP-9», la conselleira ha llamado a la revisión de los acuerdos con la concesionaria por ser «excesivamente beneficiosos» para Audasa, en un «enriquecimiento injusto».
Y es que expone que las bonificaciones que se incluyan en los PGE correrán «con cargo al dinero de los españoles», pero se necesitan «iniciativas que minoren el beneficio de Audasa» y que «ponga freno al agravio que está sufriendo Galicia».
Por ello, Ethel Vázquez urge al Gobierno a llevar a cabo acciones para que la AP-9 no sea la «única» autopista en España que suba peajes en 2021 ante la «inminente» alza que se prevé.
Al respecto, ha emplazado al Gobierno a actuar tras el reciente informe del Consello Consultivo de Galicia que considera «nulas de pleno derecho» las subidas extraordinarias de peajes en la AP-9 aprobadas a través de real decreto en los años 2011 y 2018 en compensación por las inversiones realizadas en las obras de ampliación de la autopista.
Avisa de que en 2025 las tarifas aumentarían un 12,6% solo por las subidas extraordinarias desde 2018, lo que da lugar a pagar 1.400 millones por unas obras de ampliación de la autopista que costaron 230 millones de euros. Además, insiste en la petición de la transferencia de la vía a la Administración gallega.
ANTEPROYECTO DE LEY DE MOVILIDAD
Por otra parte, Ethel Vázquez y el director de la Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, han expuesto las aportaciones que hará Galicia para trasladar sus «particularidades» al anteproyecto de la ley estatal de movilidad sostenible.
En este sentido, Ethel Vázquez llama a «concretar» la financiación de transporte interurbano ante la realidad que se vive en Galicia con baja demanda en el rural y emplaza a que no se regule únicamente la financiación del transporte urbano.
También pide transparencia en obligaciones de servicio público, relativo a las aportaciones en casos en los que no se cubre el precio del servicio con el billete.
En lo tocante a infraestructuras, apela a la «igualdad de oportunidades» entre territorio, ya que Galicia se ve afectada por el «agravio» con los peajes de la AP-9 y la AP-53, mientras otras comunidades ven «liberados su peajes».
Menéndez apela a acertar con el articulado de la ley, ya que puede ser beneficioso para un territorio «en función de que se haga de un modo u otro», pues puede «ser un lastre para el desarrollo y la competitividad».
De tal forma, la Xunta avisa de que si el Gobierno busca establecer mecanismos de financiación a través de peajes «no puede agravar la situación de Galicia», que padece los pagos por transitar por la AP-9 y la AP-53. Por tal motivo, requiere que el Ejecutivo central no mande «globos sonda».
Con todo, el Gobierno gallego comparte la apuesta de esta nueva ley por la movilidad menos contaminante, la racionalización de inversiones y la digitalización.
SITUACIÓN DE CASALONGA
En otro orden de cosas, la conselleira ha sido preguntada sobre la vigilancia de Augas de Galicia de posibles vertidos en la cantera de A Casalonga, en el municipio coruñés de Teo.
Sobre este extremo, Ethel Vázquez asegura que no quiere interferir en el trabajo del personal de Augas de Galicia, mientras apunta que se avanza en el expediente administrativo y se actuará «con contundencia» con controles «estrictos» sobre la calidad del agua.
