La Policía ha llevado a cabo este lunes un amplio dispositivo policial en la zona de A Falperra para proceder al desalojo de un edificio ocupado ilegalmente, el número 19 de la calle Doctor Fleming.

Se trata de un inmueble propiedad de una empresa, que acudió en enero a la vía judicial para lograr el desalojo del edificio, una medida pendiente de llevarse a cabo en el número 20, también de su propiedad, según explicó su representante legal.

Con la intervención de una veintena de agentes de la Policía Nacional, además de policías locales, que regularon el tráfico en la zona, se procedió al desalojo sin que se registrasen incidentes.

En concreto, a partir de las diez de la mañana comenzaron a salir del edificio algunos de los okupas, mientras que los últimos lo hicieron poco antes de las doce del mediodía.

Fuentes policiales cifraron en 13 las personas finalmente desalojadas, una medida a la que algún vecino respondió con aplausos tras meses de denuncias en el barrio por la presencia de okupas. Una vez procedido al desalojo, una empresa se encargó de tapiar con ladrillos la puerta de entrada al edificio.

INCREMENTAR LAS ACTUACIONES

En relación a esta actuación, la subdelegada del Gobierno en A Coruña,Pilar López-Rioboo, ha manifestado su satisfacción por el resultado del operativo y ha puesto en valor la coordinación policial y judicial para mantener «la intensidad» en la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas.

«Es fundamental y es un elemento indispensable para conseguir una mayor eficacia, algo que en la mayoría de los casos pasa por la actuación judicial, como ha sido el caso de esta mañana», asegura.

No obstante, la subdelegada del Gobierno ha reiterado que en los casos de inmuebles ocupados que no son viviendas de primera o segunda residencia, es fundamental la implicación de los propietarios, en la mayoría de los casos inmobiliarias o bancos, así como del estamento judicial.

Al respecto, señala que han supuesto «un avance importante» las recientes medidas adoptadas por la Fiscalía General del Estado junto con el protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la ocupación ilegal de inmuebles.