El gobierno local de la urbe olívica solicitará a la Xunta que modifique la conocida como Ley Vigo para que los ayuntamientos puedan aplicar esta normativa de medidas en materia de proyectos públicos de urgencia o especial interés.

En una rueda de prensa, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha avanzado que la concejal de Urbanismo, María José Caride, remitirá una carta a la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, en la que propondrá que la ley contemple su utilización por parte de los ayuntamientos.

De este modo, se busca emplear esta normativa para acometer un camino de unos 50 metros entre la carretera que une Vigo y Baiona y el colegio Párroco Don Camilo. Precisamente, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) desestimó un recurso municipal para que la Xunta activase la ley para la construcción de esos accesos, por lo que el gobierno local busca que se modifique.

El regidor olívico ha justificado la necesidad de utilizar esa normativa dado que la tramitación correspondiente para modificar el plan de urbanismo podría demorarse «unos dos años».

Así, ha reprobado que se exija el mismo procedimiento para hacer «un camino pequeñito» de acceso a un colegio que para construir el «disparate» que representa el proyecto de la Ciudad del Celta en la localidad vecina de Mos.

Además, Abel Caballero ha afirmado que la interpretación de la normativa que realiza la Xunta le causa «un grave daño a Vigo y las localidades de Galicia» y ha criticado que se permita su utilización al recinto ferial, el Ifevi, y la Zona Franca, pero no al Ayuntamiento.

RESPUESTA DE LA XUNTA

Por su parte, la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias, ha recordado que la sentencia del TSXG señaló que no correspondía aplicar esa normativa para construir los accesos al colegio y que el Ayuntamiento contaba con «instrumentos legales» para ello.

En esta línea, Fernández-Tapias ha destacado que el tribunal «tumbó» los argumentos del gobierno local «para ampararse bajo este techo legal» y «echar la culpa a la Xunta de las cosas que no se hacen en Vigo».

También ha resaltado que «no tiene impedimiento» para acometer esta y otras actuaciones, ya que la sentencia apuntó que el Ayuntamiento «dispone de herramientas urbanísticas» para llevarlas a cabo.