Una testigo del juicio por trata de mujeres, que se celebra en la Audiencia Provincial de A Coruña contra seis personas –a las que se acusa de obligarlas a prostituirse– ha declarado que prestaba los servicios bajo amenazas y durante unas 20 horas al día.

«Era todos los días menos cuando teníamos la regla», ha expuesto en el juicio que celebra la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña y en el que han declarado también policías.

Esta testigo, que ha prestado declaración tras un biombo, ha identificado, en su caso, a tres de los acusados –dos mujeres y cuatro hombres– como las personas que le gestionaron el viaje desde Venezuela y que luego, de acuerdo con su declaración, la obligaron a prostituirse.

Explicó que vino a España en 2018 por la situación económica en su país, donde, según indicó, trabajaba y estudiaba, y por las cargas familiares que tenía. También afirmó que contactó con uno de los acusados al que conocía de la infancia, igual que a otro procesado, del que refirió que, por otras presuntas víctimas, tenía constancia de que se dedicaba a la misma actividad que los tres acusados que identificó.

En su caso, señaló que la trasladaron al llegar a Madrid a un piso y que al poco, según relató, se puso a ejercer la prostitución. «Yo le daba el dinero a ellos», ha indicado sobre lo que cobraban a los clientes. «Me decían que iban descontando la deuda –por su desplazamiento a España y los gastos que le cobraban, expuso–, pero nunca terminabas de pagar».

«CONTROL» SOBRE ELLAS

A uno de los acusados, lo identificó como la persona que llevaba la contabilidad, mientras que de otros dos –madre e hijo– indicó que la amenazaban con su familia en Venezuela. A preguntas del fiscal, aseguró que no podía salir a la calle con libertad. «Una vez me dejaron salir, pero me llevaron ellos», expuso.

Sobre esta cuestión, fueron interrogados los policías que declararon este jueves. Una agente explicó que el hecho de que les dejen o no salir «no significa que no ejerzan un control sobre ellas».

«Las coaccionaban», ha manifestado sobre las declaraciones de las mujeres en la investigación llevada a cabo por la Policía en distintas ciudades gallegas y en otras de España a donde, según declaró otro policía el miércoles, las llevaban en busca de más beneficios. «Estaban controladas en todo momento», apostilló este jueves otro agente.

PETICIÓN DE PENAS

Según Fiscalía, los procesados organizaban la llegada a España de mujeres de nacionalidad venezolana desde su país, incumpliendo, para ello, las normas de extranjería de acceso al territorio nacional, con la intención de que ejerciesen la prostitución.

Además, presuntamente, obtenían cocaína para vender a los clientes que acudían a los pisos. La acusación pública exige para ellos penas que suman entre los 15 y los 84 años de cárcel por los delitos de trata de seres humanos, inmigración ilegal y contra la salud pública.

Las defensas, por su parte, piden la absolución, mientras que la acusación particular, ejercida en representación de una de las mujeres presuntamente obligadas a prostituirse, reclama una condena, pero excluye, en su caso, el delito contra la salud pública.