El presidente del sindicato de Enfermería (Satse), Manuel Cascos, se ha dirigido por carta al ministro de Sanidad, Salvador Illa, para pedirle que aporte «claridad» e informe sobre las actuaciones que va a adoptar el departamento que dirige ante la decisión de la Xunta de Galicia de propiciar que en oficinas privadas de farmacia se puedan realizar test rápidos de detección del coronavirus.

Y es que, según ha avisado, la decisión adoptada por la Xunta ha generado una «enorme preocupación e intranquilidad» dentro del colectivo enfermero, dadas las consecuencias que tiene para la «seguridad y salud de los ciudadanos» que pudieran optar, «voluntariamente y sin criterio clínico», por realizarse este tipo de pruebas en las farmacias.

Por ello, Cascos ha pedido información al ministro de Sanidad sobre si su departamento ha sido consultado sobre esta decisión en materia de salud pública, si ha sido o no autorizada y, en todo caso, si la comparte. Además, en caso de que Sanidad entendiese que no es la adecuada, le ha solicitado también tener información sobre las actuaciones que el Ministerio tiene pensado adoptar al respecto.

«Se trata de una prueba diagnóstica que se pretende hacer sin prescripción médica y reitera que debe ser realizada siempre por el personal sanitario que, como las enfermeras, enfermeros u otros profesionales de la sanidad pública, tiene la cualificación y competencias para hacerlo con plenas garantías y seguridad clínica», ha insistido.

En este sentido, la organización sindical ha asegurado que el hecho de permitir que los farmacéuticos de las oficinas privadas de farmacia realicen estas pruebas supone «poner en riesgo» la salud del conjunto de la ciudadanía. Además, prosigue, las oficinas de farmacia «no reúnen las condiciones adecuadas de seguridad para garantizar la protección de los ciudadanos», por lo que ha reiterado la necesidad de que estas pruebas se realicen en los centros de salud.

«La realización de estas pruebas en las oficinas de farmacia privadas puede favorecer la aparición y propagación de nuevos posibles focos de contagio y transmisión de la Covid-19 entre la ciudadanía al incentivar el incremento sustancial de un número importante de personas en un mismo espacio que suele ser cerrado y limitado en su estructura y capacidad y, por ello, con dificultades para su ventilación natural», ha apostillado Satse.

Otro aspecto que ha recalcado el sindicato es que los farmacéuticos «no tienen competencia legal ni cuentan con la formación clínica necesaria» que les habilite para realizar de forma «adecuada y segura» las técnicas de recogida de muestras de las pruebas de detección de la Covid-19, dado que su formación está centrada y fundamentada en el medicamento.

Por todo ello, el sindicato ha rechazado la realización de estas pruebas por parte de los empresarios de las oficinas de farmacia de España. «Al igual que ocurre con su interés de poder administrar la vacuna de la gripe, lo que buscan es incrementar su margen de beneficios económicos al ser propietarios de establecimientos comerciales que tienen tal fin», ha zanjado.