El Juzgado de Instrucción número 1 de Tui (Pontevedra) ha cifrado en casi 8 millones de euros el coste de los daños por la explosión que tuvo lugar en un almacén de la localidad en 2018 y ha determinado la imputación del propietario de la pirotecnia La Gallega y único investigado hasta el momento, Francisco G.L., tras concluir las diligencias previas.

Según han detallado fuentes judiciales, el auto refleja que los hechos que se investiga pueden constituir dos delitos de homicidio imprudente, delitos de lesiones imprudentes, delitos de riesgo catastrófico en su modalidad de delitos de riesgo provocados por explosivos y otros agentes y delitos de daños imprudentes.

Asimismo, estima que los daños materiales causados en viviendas generaron un coste de reposición bruto total de casi de 7,88 millones de euros. Así, el coste de la afectación de mobiliario y enseres se ha elevado a más de 436.466 euros, mientras el de los daños en servicios se ha cifrado en más de 648.366 euros.

El auto también detalla que el número total de perjudicados en la causa asciende a 691 y que 90 permanecen pendientes de ofrecimiento de acciones. Además, apunta que, de las diligencias policiales practicadas, se desprende que Francisco G.L. ocultó a las inspecciones de la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil y el área de Industria y Energía de la Subdelegación de Gobierno de Pontevedra más de 1.400 kilos de productos con carga explosiva con destino desconocido.

De esta cantidad, casi 736 kilos procedían de proveedores españoles y, más de 671, de Portugal. Así, se señala que estos productos, fuera de control de la Administración, presumiblemente se depositaron en la nave que explosionó en Tui.

RELATO DE LOS HECHOS

La jueza recuerda que los hechos tuvieron lugar el 23 de mayo de 2018 sobre las 16,15 horas, cuando se produjo una explosión en un almacén situado en la zona de Paramos que volatilizó el almacén donde se originó. También señala que produjo la práctica destrucción de todas las edificaciones de su entorno de las que la mayor parte eran viviendas unifamiliares.

En este sentido, se señala que el investigado utilizaba el almacén explosionado para fines particulares sin ningún tipo de licencia administrativa de actividad y sin cumplir las normas de seguridad en cuanto a almacenamiento y custodia de materiales explosivos y pirotécnicos.

Así, se enumera que se trataba de 1.000 kilos de nitrato potásico, 150 o 200 kilos de azufre y 200 litros de hidrocarburos, además de ocho o diez cajas de mecha de yesquero, varas, cilindros de cartón y otros efectos utilizados para la actividad de la pirotecnia.

En esta línea, la jueza incide en que el lugar en el que se produjo la explosión carecía de autorización administrativa para el depósito, la fabricación o la venta de artículos pirotécnicos, por lo que se trataría de un depósito o taller de pirotecnia ilegal carente de autorización gubernativa preceptiva.

También detalla que la explosión conllevó el fallecimiento de dos personas, múltiples lesionados e innumerables daños materiales. Así, se consideran graves daños en inmuebles situados en un radio de 200 metros desde el foco de la explosión, que se señala que provocó la inhabitabilidad e inutilidad de los locales y construcciones sobre los que actuó, y en donde los primeros 30 metros se consideran de destrucción total.

DESCUBRIMIENTO DE MÁS PRODUCTOS

Adicionalmente, el auto apunta que el 26 de mayo de 2018, tres días después del suceso, se descubrió un cobertizo en el que el investigado almacenaba tres bidones de cartón conteniendo diferentes tipos de artefactos pirotécnicos ya terminados y listos para ser utilizados.

En concreto, remarca que contenían 90 kilos de pólvora pirotécnica y 474 kilos de sustancia pulverulenta de color gris, aparentemente pólvora pirotécnica a granel, e indica que, mediante el informe de la Unidad Especializada de los TEDAX, «se concluye que se trata de materiales pirotécnicos terminados».

La jueza explica que el 27 de mayo de 2018 se localizó material explosivo en otro galpón situado en el barrio Iglesia-Baldranes. Así, se descubrió que el investigado almancenaba productos pirotécnicos terminados en la parte posterior a la ubicación de la empresa La Gallega.

Francisco G.L entró en prisión días después de la explosión, según decretó el Juzgado de Instrucción número 1 de Tui. Posteriormente, en marzo de 2019, la jueza firmó un auto por el que quedó en libertad provisional.