Unas 1.500 personas han mostrado su apoyo en Santiago a los 12 independentistas gallegos que este lunes serán juzgados en la Audiencia Nacional por supuesto enaltecimiento del terrorismo en un caso que procede de la denominada ‘Operación Jaro’, desarrollada entre 2015 y 2017 y que llevó a la ilegalización, luego revertida por los tribunales, de las organizaciones Ceivar y Causa Galiza.

«No son terroristas, son independentistas», han clamado los participantes en una marcha que partió a las 12,00 horas de la Alameda y que concluyó una hora después en la Praza da Quintana con la lectura de una manifiesto en el que los convocantes de la protesta ha mostrado su solidaridad con los procesados en un caso que, a su juicio, «constituye un advertencia muy seria» por la «persecución de ideas» por parte de las autoridades.

Durante la marcha, que se desarrolló bajo la lluvia ante la mirada de un importante despliegue policial, los manifestantes han proclamado consignas como «Audiencia Nacional, tribunal fascista», «Defender la tierra no es delito», «No es justicia, es represión» o «La solidaridad no es delito».

«Lo que está ahora en la diana son los actos de solidaridad con los independentismo», han señalado los encargados de leer el manifiesto, en el que han censurado la «deriva autoritaria del Estado español» que pretender «convertir ideas» como el independentismo «en terrorismo».

La manifestación ha contado con la presencia de representantes de distintas organizaciones políticas como el BNG (el diputado Xosé Luis Rivas) y Anova (su portavoz nacional, Antón Sánchez), sindicales (el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril) y sociales (el presidente de A Mesa, Marcos Maceira).

ACUSACIÓN

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional comienza a juzgar mañana a una docena de miembros de las organizaciones Causa Galiza y Ceivar, que se enfrenta a penas de cárcel que oscilan entre cuatro y 12 años por «ensalzar» y «justificar» el ideario de la organización terrorista Resistencia Galega. La Fiscalía pide además que se disuelvan ambas entidades independentistas.

El Ministerio Público considera probado que once acusados son «miembros constituyentes, responsables de organización y coordinación» de las dos organizaciones, por lo que se enfrentan a penas de entre seis y ocho años de cárcel por pertenencia a una organización criminal para enaltecer una organización terrorista y sus miembros, además de los sendos delitos de enaltecimiento en los que pudieron incurrir con su participación en diversos actos.

Sin embargo, tan solo reclama 4 años de cárcel para uno de los acusados ya que, a diferencia del resto, solo permanece imputado por ensalzar el terrorismo. Este encausado había sido condenado en 1993 en sentencia firme por tenencia ilícita de armas, falsedad documental y terrorismo dentro del Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive.