El alcalde de Ourense y presidente de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, ha expulsado de esta formación política a Manuel Álvarez Fernández, vicepresidente de la misma y uno de los cinco concejales que habían presentado un escrito ante el Ministerio Público por sospechas sobre las irregularidades en la administración de las cuentas del partido.

En un comunicado, Jácome ha señalado que esta decisión se debe a acciones catalogadas como «muy graves», entre ellas «disidencia, menoscabo de la imagen del partido y acusaciones públicas graves». Por todo ello, se le impone la «sanción más grave», la expulsión definitiva.

Explica que esta expulsión se produce «tras la oportuna apertura de expediente», plazo de alegaciones y resolución final, en una decisión ratificada por la Asamblea General de DO.

Jácome sostiene que como afiliado Manuel Álvarez «nunca pagó cuota alguna de afiliación ni donación económica desde 2001 a 2015», con una única excepción de «seis euros que pagó como gastos de notario cuando se fundó el partido».

Y es que el líder de DO asegura que durante «esos 14 años» todos los gastos de partido y campaña «fueron sufragadas por Gonzalo Jácome».

Mediante una publicación en redes sociales de Democracia Ourensana, también se indica que a ellas contribuyeron «Rafa Reporter y Armando Ojea». A lo que han añade que, «justo es decirlo, también aportó Miguel Caride como letrado gratuito, aunque no ganásemos muchos pleitos».

Con todo, apunta que entre 2015 y 2019 Manuel Álvarez donó una parte de su sueldo público tras contar con una dedicación exclusiva. «Desde junio de 2019, no volvió a aportar nada económicamente al partido», agrega Jácome.

En los próximos días habrá una nueva asamblea de DO que «resolverá expedientes sobre los otros tres disidentes», que aunque no eran miembros del partido sí que concurrieron bajo la lista electoral de éste. «Hay ciertas condiciones para seguir siendo representantes legítimos del partido en las administraciones locales», avisa.

MOTIVOS

Manuel Álvarez ha sido uno de los cinco concejales que, junto con María Teresa Rodríguez, Miguel Caride, Mario González y María Dibuja, llevaron ante la fiscalía supuestas irregularidades en las cuentas del partido, del que lamentan su «opacidad».

Criticaron que trataron de obtener respuestas y explicaciones de Jácome sobre la gestión, pero el responsable del partido no las ofreció, lo que motivó el paso de acudir a la Fiscalía. Esta situación ocasionó la primera de las múltiples renuncias a las actas de concejales, la de Mario González, quien abandonó el área de Cultura.

Diez días después de que se presentase el escrito ante fiscalía en el pleno del Ayuntamiento de Ourense, a 11 de septiembre, 24 de los 26 concejales de la corporación municipal votaron a favor de una moción del BNG que pedía la dimisión de Jácome, quien, junto con Armando Ojea, fueron los únicos que votaron en contra.

En el mismo pleno Jácome volvió a negarse a informar del estado financiero de Democracia Ourensana al alegar que «las cuentas del partido solo le competen al partido y al Tribunal de Cuentas».

Sin tener en cuenta los últimos salarios del personal eventual, que sumaban casi 473.000 euros anuales, el partido de Jácome ha recibido desde 2011 –fecha de su primera representación– más de medio millón de euros de fondos públicos.

La desconfianza generada ante este comportamiento ocasionó la actual crisis municipal en la que se negocia entre las distintas fuerzas políticas una moción de censura que saque a Jácome del Ayuntamiento, como se planteó el pasado 11 de septiembre.

La última oferta se ha postulado esta semana a cargo del Partido Popular: un gobierno de concentración entre ellos y el Partido Socialista –que lo consultará en los órganos del partido– sin excluir a las demás fuerzas políticas.