El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha reclamado este miércoles a la Xunta que articule medidas para dar «cobertura legal» a la tramitación de sanciones por parte del Ayuntamiento a las personas denunciadas por incumplir las restricciones derivadas de la pandemia de COVID.

En una rueda de prensa, el regidor olívico ha lamentado la «incapacidad total» del gobierno gallego para tramitar esas sanciones, y ha ofrecido la cooperación «sin cobrar» del Ayuntamiento olívico para hacerlo en la ciudad, aunque ha matizado que, para ello, la administración municipal debe disponer de «título jurídico habilitante».

A ese respecto, ha incidido en que «hay serias dudas jurídicas» de que el Ayuntamiento pueda tramitar esas multas y ha advertido de que necesita «cobertura legal» para evitar «vacíos y nulidades en los procedimientos sancionadores».

Por ello, Abel Caballero ha instado a la Xunta a que, «a la mayor brevedad posible», proceda a la «atribución de competencias sancionadoras concretas a los ayuntamientos a través de una norma», o bien a dictar una «resolución clara» en la que se especifiquen los supuestos e infracciones que corresponde tramitar a los municipios.

Según Abel Caballero, la Policía Local está incoando los expedientes sancionadores «porque está obligada» pero, cuando los remite a la Xunta, el gobierno gallego las devuelve al Ayuntamiento para que las aplique. «El resto de Comunidades Autónomas las están tramitando. Si la Xunta es incapaz, yo le ofrezco colaboración», ha reiterado el alcalde.

Por otra parte, ha vuelto a denunciar que el gobierno autonómico sigue «sin informar» al Ayuntamiento de la evolución de la pandemia en la ciudad, número de contagios y zonas más afectadas, y ha lamentado que Feijóo «está incumpliendo seriamente sus obligaciones», manteniendo una «política de opacidad total» e informando a través de «un sistema ridículo y absurdo» (los mapas con colores diferenciados según la incidencia por municipios).

INFORME JURÍDICO DE LA XUNTA

Por su parte, fuentes del gobierno gallego han precisado que los servicios de Asesoría Jurídica de la Xunta ya elaboraron un informe jurídico que fue trasladado a la Federación Galega de Municipios y Provincias (FEGAMP), en el que se determina la responsabilidad de cada administración en la tramitación de sanciones por incumplir la normativa antiCOVID.

Según ese informe, han detallado las mismas fuentes, los ayuntamientos deben tramitar aquellas multas sobre cuestiones que son de su competencia, como aforos, incumplimiento de horarios o control de aglomeraciones. A ese respecto, el gobierno gallego se ha comprometido a ayudar a los municipios medianos y pequeños que no tengan capacidad para llevar adelante los procedimientos.

La Xunta, señala el informe, puede actuar en asuntos específicamente sanitarios, relacionados con los aislamientos o las cuarentenas; mientras que el Gobierno central debería sancionar en aquellos aspectos que le competen.

Finalmente, el gobierno gallego ha recordado que también se ha pedido al Consello Consultivo que se pronuncie y elabore un dictamen sobre a quién corresponde tramitar las sanciones.