El Congreso de los Diputados ha aprobado por 308 votos a favor, 35 en contra y 6 abstenciones, una proposición de Ley presentada por Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común para mejorar la coordinación de la organización de los servicios de incendios y salvamento a nivel nacional y equiparar la categoría profesional de los bomberos, a los que además se conferirá el reconocimiento como agente de la autoridad.

La iniciativa ha contado con el apoyo de 308 diputados –los de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, PSOE, PP, Vox, Ciudadanos–, ha tenido los votos en contra del grupo parlamentario Republicano (ERC), Junts per Catalunya, Compromís, Más País, BNG y EH-Bildu, así como la abstención de Foro Asturias, PRC, Coalición Canaria y Nueva Canarias.

La Proposición de Ley busca la coordinación de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil para garantizar la organización y funcionamiento de estos servicios de manera homogénea en el conjunto de España y para facilitar las labores de coordinación en gestión de emergencias, con un marco regulador común para los bomberos, tanto los del ámbito nacional como autonómico.

En concreto, apuesta por una ordenación general de los servicios públicos de extinción de incendios y salvamento en todo el territorio nacional así como que se establezcan los criterios básicos para la coordinación de la actuación de estos en el conjunto del país. También busca un régimen de funcionamiento básico de los servicios públicos en los respectivos ámbitos territoriales.

Otra de las propuestas de la iniciativa pasa por crear una Dirección General de Bomberos que dependa del Ministerio del Interior y que sea la encargada de coordinar a los múltiples cuerpos de Bomberos del Estado, sin perjuicio de competencias de comunidades autónomas, Ayuntamientos y Diputaciones, y que su director sería miembro del Consejo Nacional de Protección Civil.

Asimismo, plantea la creación de la Comisión Estatal de Coordinación de dichos servicios que estará compuerta por representantes de las comunidades autónomas, de los municipios, la Escuela Nacional de Protección Civil, sindicatos y asociaciones más representativos de cuerpos de bomberos para diseñar los protocolos de actuación conjunta ante emergencias que deban concurrir distintas administraciones.

Otra de las novedades de la Propuesta de Ley tomada en consideración atiende a la histórica reivindicación de estos servicios, tanto los de extinción de incendios como los de salvamento, para que se les reconozca su condición de agentes de la autoridad y que obtengan la categoría profesional de bombero C1 en todo el Estado.

Para ello, establece además que como principio, la gestión pública directa de los servicios de protección de extinción de incendios y salvamento deberán ser «en su totalidad» cubiertos por bomberos funcionarios de carrera.

La mayoría parlamentaria apoyó la iniciativa presentada por Unidas Podemos, excepto los grupos nacionalistas que votaron en contra, que alegaron que esta propuesta de ley invadía las competencias de sus comunidades autónomas, un aspecto que fue defendido especialmente por los diputados vascos y catalanes.