La valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, ha iniciado un procedimiento para solicitar al Defensor del Pueblo que interceda para investigar la muerte del coruñés Diego Bello a manos de la policía filipina en enero de este año.

El pasado jueves, familiares y allegados de Bello mantuvieron una encuentro con la valedora para pedir el apoyo de la institución, ya que se sienten desamparados por el Gobierno español, al que afean que se limite a instarlos a presentar una denuncia en la justicia de Filipinas.

Dos días después, el Alto Comisionado del Parlamento de Galicia informa que la valedora se ha comprometido a colaborar «en todas las acciones resultantes de sus funciones» para esclarecer la muerte del coruñés de 32 años, que fue acusado por las autoridades filipinas de ser un narcotraficante.

La valedora destaca el informe elaborado por la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas que considera el fallecimiento de Diego Bello como una violación de los derechos humanos con el resultado de la muerte de una persona.

«La muerte de Diego no está sancionada por ninguna ley y podría considerarse una ejecución sumaria», señala el informe de la comisión de DDHH, que también incide en que corresponde a la policía filipina demostrar que «efectivamente se trató de legítima defensa», algo que «debe probarse en un procedimiento independiente».

Por ello, la institución ha iniciado un proceso por el que solicita al Defensor del Pueblo que aplique la protección de los ciudadanos resientes en el exterior que prevé la legislación española.