El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, y el fiscal superior en la Comunidad, Fernando Suanzes, han acordado potenciar las comisiones provinciales de coordinación de la policía judicial para abordar los casos de ocupación ilegal de inmuebles.
Así lo informa la Delegación del Gobierno tras la reunión que ambos representantes han mantenido en la sede de este organismo. A ella, han asistido también el fiscal de la Audiencia Provincial de A Coruña, Javier Rey; la jefa del gabinete técnico de la Delegación, María Rivas; y la vicesecretaria general de la Delegación, Eva Vázquez.
Durante el encuentro han abordado las cifras de ocupaciones ilegales, «que en 2019 supusieron apenas un 0,16% del total de las infracciones penales registradas en Galicia, con 129 casos entre 80.288».
En ese contexto, tanto Javier Losada como Fernando Suanzes han considerado que la legislación actual es «suficiente para actuar» y han sostenido que las recientes instrucciones del Ministerio del Interior y de la Fiscalía en ese sentido «se complementan, son útiles y permiten mejorar la respuesta a estos casos».
Por ese motivo, precisa la Delegación del Gobierno, han acordado potenciar las comisiones provinciales de coordinación de la policía judicial para resolver problemas concretos. «En estos organismos existe una combinación de los ámbitos judicial y de seguridad que son idóneos para encontrar soluciones concretas», remarca.
MEDIDAS SOCIALES
En la reunión, el delegado del Gobierno ha trasladado al fiscal superior de Galicia las medidas sociales adoptadas por el Ejecutivo. En concreto, ha explicado la inversión de 44 millones de euros de los ministerios de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en materia de vivienda en Galicia durante la pandemia.
También ha relatado otra serie de medidas para garantizar el derecho a la vivienda de la ciudadanía dentro de su escudo social planteado frente a la pandemia. «Estas medidas también piensan en los suministros, no solo en la vivienda, con ayudas directas para los alquileres, bonificaciones o prohibición de los desahucios». Unas medidas que se prolongaron hasta, al menos, el próximo 31 de enero de 2021.
En la reunión también han analizado, como hizo el delegado del Gobierno la semana pasada con los mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Galicia, el ‘Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la ocupación ilegal de inmuebles’, que se incluye en la Instrucción 6/2020 de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.
Este protocolo busca homogeneizar y mejorar la respuesta policial y garantizar que los atestados recojan todos los elementos que deben ser aportados a las autoridades judiciales para acreditar la comisión del delito y la participación de sus presuntos autores, entre otros objetivos.
La instrucción establece diferentes actuaciones en función de si el inmueble ocupado constituye la morada de su titular, sea primera o segunda vivienda. En estos casos, las fuerzas de seguridad podrán proceder, sin necesidad de solicitar medidas judiciales, al desalojo inmediato e identificación de los ocupantes, así como a su detención si procede. En el caso de que el inmueble no sea morada se aplicaría lo aplicable al delito de usurpación.
PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS
Además, también dicta medidas para proteger a las víctimas y favorecer la resolución judicial del conflicto, la restauración a su legítimo dueño del inmueble allanado o usurpado y la reparación de los daños causados.
Asimismo, el protocolo refuerza las acciones encaminadas a evitar la aparición o consolidación de grupos criminales dedicados a la usurpación de viviendas con diferentes fines, entre los que figura el alquilarlas o venderlas a terceros de manera fraudulenta.
«En Galicia no hay constancia de la existencia de ningún tipo de mafia de estas características», señala a este respecto la Delegación del Gobierno, que recuerda que, desde septiembre, la aplicación para móviles ALERTCOPS incluye una funcionalidad específica para que un caso de ocupación ilegal de inmuebles puedan notificarse de forma inmediata a Policía Nacional y Guardia Civil.
