Las cuatro fiscalías provinciales de Galicia advierten de las «dificultades» con las que investigan y contabilizan los delitos relacionados con las nuevas tecnologías e Internet. De hecho, subrayan que «no existe una herramienta informática útil» que permita «una mínima estadística fiable y una imagen fiel y real» de esta problemática.

Así se desprende de la Memoria Anual de la Fiscalía Superior de Galicia de 2019, un documento que ha entregado este lunes el fiscal superior, Fernando Suanzes, al presidente del Parlamento autonómico, Miguel Ángel Santalices.

Este informe, recogido por Europa Press, subraya las «dificultades substantivas y procesuales» que manifiestan las fiscalías provinciales de A Coruña, Pontevedra, Ourense, y Lugo a la hora de tener «estadísticas fiables» sobre estos delitos por su «carácter transversal».

A modo de contexto, el Ministerio Público recuerda que el 30 de septiembre de 2019, A Coruña acogió la apertura del curso universitario a nivel estatal, una ceremonia a la que asistió el rey Felipe VI y en la que la catedrática Amparo Alonso fue la encargada de leer una lección magistral sobre inteligencia artificial.

En su discurso, explica Fiscalía, Alonso puso encima de la mesa los «problemas estructurales de España en el ámbito tecnológico». «El diagnóstico general evidencia que nuestra población está atrasada en habilidades digitales básicas, en la posición 21 de los 28 España de Europa por cantidad de especialistas», añade.

UN PANORAMA «CAMBIANTE»

Por eso, el «uso perverso de las nuevas tecnologías» para dañar derechos requiere «métodos de investigación avanzados, personal especializado y la adecuación de la legislación penal», dado que se trata de un panorama «dinámico y cambiante».

Por su parte, la Fiscalía Provincial de A Coruña apunta en su propia Memoria, por ejemplo, que el sistema informático ‘Fortuny’ «no contabiliza de forma efectiva» delitos como amenazas, coacciones y acoso, contra la integridad moral y el descubrimiento y revelación de secretos.

Así, entre las conductas ilícitas observadas, destaca el uso de las claves de acceso de la cuenta de ‘Facebook’ de una expareja, ofrecer servicios sexuales suplantando la identidad de la víctima y contactar con menores para solicitarles imágenes de contenido sexual, entre otras.

La Fiscalía de Lugo reitera la «importancia de tipificar los supuestos de suplantación de identidad» y resalta la «problemática» al calificar conductas como la colocación de un geolocalizador en el vehículo de otra persona para conocer su ubicación, así como vídeo tutoriales que enseñan a espiar en el ámbito de la pareja.

La delegación de Pontevedra alerta contra técnicas de ‘phishing’ –ganar la confianza de la víctima en redes sociales para conseguir acciones que no debería realizar–, ‘pharming’ –redirigir a un usuario a una página web falsa para obtener sus datos–, ‘sexting’ –mensajes de contenido sexual–, además de ciberacoso y ‘happy slapping’ –grabaciones de agresiones colgadas en Internet–.

Además, esta Fiscalía Provincial subraya «dificultades» para fijar la competencia territorial, la identificación del autor del delito y los partícipes, así como los problemas que surgen cuando se ocultan mensajes o archivos.

Finalmente, las demandas de la Fiscalía de Ourense se centran en la «dificultad de averiguar la autoría, la difícil obtención de pruebas, la carestía de medios y peritos especializados y la aplicación siempre compleja de la investigación tecnológica».

PROCEDIMIENTOS POR 622 DELITOS INFORMÁTICOS

La Memoria Anual también recoge que a lo largo del 2019 se incoaron en Galicia procedimientos judiciales relativos a 622 delitos informáticos, un 6,5% más que el año anterior.

Este aumento, igual que el del resto de procesos por ilícitos penales, se puede deber a la «recuperación» de la actividad judicial tras la huelga del año 2018, tal y como ha explicado este lunes el fiscal superior, Fernando Suanzes.

De los 622 delitos, en A Coruña se registraron 224, en Ourense 183, en Pontevedra 168 y en Lugo 47.

La mayoría de ellos se refieren a estafas cometidas a través de Internet, que sumaron 405 procedimientos a lo largo del 2019, pero con una bajada del 2%. Mientras tanto, los procesos relativos a delitos por pornografía infantil o con personas con discapacidad subieron de 19 a 41, lo que supone más que duplicarlos.

En cuanto a las sentencias emitidas en esta materia, también suben a 88 –casi un 19% más en un año–, de las que la gran mayoría, el 85%, fueron condenatorias. En total, fueron condenadas 63 personas por delincuencia informática en 2019 en la Comunidad gallega, un 6,7% más.