La Xunta de Galicia está en un «proceso» junto con los ayuntamientos para determinar, desde el «punto de vista jurídico», el modo de tramitar infracciones vinculadas con no cumplir las restricciones sanitarias por el coronavirus «con total seguridad», aunque avisa «a los infractores» de que todas las denuncias «tendrán su sanción».

Así lo ha dicho este lunes el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, en respuesta a preguntas de los medios sobre la competencia y las herramientas legales que existen para este tipo de denuncias.

Sobre esta cuestión, Rueda ha apostado por «actuar con total seguridad» y «hacer las cosas totalmente fundamentadas desde el punto de vista jurídico», para que «todo el peso de la ley recaiga» sobre los infractores.

Se trata, ha recordado, de una «situación nueva» y de «un proceso» en el que la Administración y los ayuntamientos están inmersos para «determinar quien tiene que ejercer la competencia» y «como hay que tramitar las denuncias».

Sin embargo, para el vicepresidente, el modo en el que se lleven adelante es «un tema muy menor comparado con la voluntad de todas las administraciones» de sancionar estas conductas «irresponsables», por lo que ha avisado a los «incumplidores» de que «todas las sanciones que se están imponiendo tienen un periodo largo de vigencia» y de que «todas las denuncias que se están produciendo tendrán su tramitación y su sanción cuando proceda».

En todo caso, la Xunta, «con independencia de que le corresponda o no la competencia concreta», ha recordado Rueda, «ofrece su ayuda a todos los ayuntamientos», especialmente a los que «tengan poca capacidad» para llevarlas adelante.

ORDENANZA MUNICIPAL

La problemática la ha ejemplificado el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, que ha recordado que, aunque la Ley de Salud de Galicia faculta a los ayuntamientos a imponer sanciones de acuerdo a su ordenanza municipal, en esta ordenanza «no se contempla la situación de pandemia» y, por tanto, este tipo de sanciones.

«Tenemos una dificultad que esperamos resolver en coordinación con la Xunta», ha dicho Bugallo, al tiempo que ha admitido que, en el caso de Santiago, deben «ser muy estrictos en la aplicación de la ley». «Porque tenemos alguna asociación que, permanentemente, nos presenta recursos», ha destacado.

Para solucionar esta situación, ha dicho, hay dos modos, o «modificar las ordenanzas», que es «un proceso lento», de unos dos o tres meses «como mínimo», o bien «habilitar» en coordinación con la Xunta «un procedimiento más rápido» que permita perseguir de forma más ágil estos comportamientos «insolidarios».

En cuanto a la situación de las fiestas ilegales en pisos en Compostela, el alcalde ha dicho que «se está avanzando», ya que en la primera semana de curso se denunciaron 63 y en la segunda han sido 33. «Hay una reducción en la magnitud del problema», ha destacado.