Representantes de entidades del sector mar-industria alimentario han pedido ser consultados sobre una nueva normativa medioambiental por el riesgo de cierre o deslocalización de un centenar de empresas que conlleva.
Durante una rueda de prensa celebrada en Vigo, han vuelto a demandar la modificación del artículo del proyecto de la Ley de cambio climático y transición energética que afecta a las concesiones de terrenos públicos en dominios marítimo-terrestres.
El proyecto de ley del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico plantea que las prórrogas de las concesiones (cuya duración máxima es de 75 años) se computen desde 1988, cuando se redactó la primera norma, en lugar de desde el momento en el que se solicita la ampliación.
Así las cosas, el secretario general de la patronal conservera Anfaco-Cecopesca, Juan Vieites, ha afirmado que esta situación causa «inseguridad jurídica» al sector y frena sus inversiones.
En este sentido, el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros, ha incidido en la necesidad de que la normativa se modifique teniendo en cuenta las particularidades del sector, que conllevan que las empresas precisen asentarse junto al mar para llevar a cabo su actividad.
Jorge Cebreiros ha criticado además que el Gobierno no haya convocado al sector para abordar esta normativa, cuyo plazo de presentación de enmiendas ha sido prorrogado por novena ocasión recientemente. Así, ha avanzado que se trasladarán estas demandas por carta a la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.
VINCULACIÓN CON EL MEDIOAMBIENTE
Además, el representante del Clúster de Acuicultura, Jordi Trías, ha valorado la vinculación del sector con el medioambiente y ha incidido en su interés en mantener el agua del mar limpia. Por ello, los representantes del sector han cuestionado que una normativa de carácter medioambiental pueda afectar a su actividad, cuya sostenibilidad han defendido.
Asimismo, el presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), Javier Touza, ha destacado el peso económico del sector en Galicia, donde genera 3.000 empleos y factura 370.000 millones de euros anuales.
Representantes de la Federación Gallega de Cofradías de Pescadores y Mariscadores y la organización mejillonera Femex han incidido en que un cierre de empresas ligadas a la transformación y la comercialización de productos afectaría también a las dedicadas a la extracción.
Adicionalmente, el presidente de Asociación de Empresarios Depuradores de Moluscos (Agade), Roberto Fariña, ha resaltado el apoyo mostrado por ayuntamientos y diputaciones a las demandas del sector y ha instado a los diputados gallegos en el Congreso a trasladarlas a Madrid.
