Bomberos de Vigo han denunciado el «trato preferente» de colectivos funcionariales como la Unidad Militar de Emergencias (UME) para acceder a las plazas del cuerpo municipal de las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) de 2017, 2018 y 2019 de acuerdo con las bases de las mismas.
En una rueda de prensa celebrada ante el Ayuntamiento, los portavoces de la CIG y CC.OO. en el cuerpo de bomberos, Miguel Uclés y Gerardo Fernández, han reprobado que las bases del concurso-oposición conlleven que las plazas reservadas para promoción interna parezcan «orientadas a un número reducido de funcionarios municipales». Además, el acto ha contado con apoyo de la CUT.
Ante esta situación, Miguel Uclés ha avanzado que se recurrirán las bases del proceso selectivo (que incluye 12 plazas de acceso libre y tres de promoción interna) para que la ciudad disponga de «bomberos que tengan capacidad para prestar ese servicio».
En esta línea, ha afirmado que las bases del proceso de acceso a las plazas de promoción libre apuntan a una oferta «presuntamente corrupta» y ha advertido de que «no se puede poner nombre a las plazas».
Además, el portavoz de CC.OO. ha demandado que se elabore una lista de interinos con las personas que aprueben las pruebas de acceso para cubrir la falta de personal que demanda el colectivo. En concreto, en este momento se cuenta con unos 100 efectivos pese a que los bomberos estiman que la cifra debería alcanzar los 150, por lo que una de sus principales reivindicaciones pasa por un refuerzo del personal.
Uclés también ha recordado que cuatro sentencias de lo contencioso-administrativo y otra de primera instancia confirmaron la ilegalidad del decreto municipal que suspendió los descansos reglamentarios de los bomberos. Precisamente, representantes sindicales han denunciado que este decreto conllevó que la huelga convocada hace un año quedase prácticamente sin efecto.
Asimismo, han recalcado que otras dos sentencias concluyeron que el Ayuntamiento abona los refuerzos de jornada de los bomberos por debajo del precio establecido de modo reglamentario.
SITUACIÓN DE LA POLICÍA
En otro orden de cosas, CC.OO., CIG y CUT han denunciado las «políticas internas de premio y castigo impuestas por la Jefatura de la Policía Local a sus subordinados». Así, han reprobado que los funcionarios sean colocados o retirados de sus puestos por «políticas internas basadas en criterios paralegales».
En esta línea, han criticado la «falta de compromiso y empatía» mostrada ante las reivindicaciones de los funcionarios de la Policía Local respecto a sus condiciones laborales.
Por esta razón, las centrales sindicales han reclamado la destitución de la concejal de Seguridad, Elena Espinosa, y los funcionarios adscritos de modo provisional a las jefaturas del Área de Seguridad y Movilidad y de la Policía Local.
DEMANDAS DEL COMITÉ DE PERSONAL
Por otra parte, todas las secciones sindicales del Comité de Personal del Ayuntamiento (CIG, CC.OO., Casipol, CUT y UGT) han exigido el cese del jefe del Área de Seguridad ante las «constantes vulneraciones de derechos de los trabajadores» y su «falta de diálogo».
En un acto celebrado ante el Consistorio, el portavoz de CC.OO. en el comité, Pergentino Martínez, ha explicado que la situación ha conllevado que el personal y los sindicatos acudiesen a los juzgados para buscar soluciones, pero ha reprobado que no se hayan acatado las sentencias judiciales.
Así las cosas, mediante un manifiesto, los sindicatos han considerado que esta situación evidencia la «incompetencia» del jefe del Área de Seguridad para la gestión de la gestión técnica y jurídica de la misma.
También han remarcado que «no cumplir las sentencias vulnerando los derechos laborales del personal provoca el deterioro de los servicios de extinción de incendios y la Policía Local» y han lamentado que esta situación permanezca «enquistada pese al respaldo de los juzgados» a los trabajadores.
