UGT y CC.OO. han pedido que se lleve a cabo una investigación sobre la gestión de la pandemia que «señale los errores cometidos» y «establezca responsabilidades».
Durante una rueda de prensa celebrada en Vigo con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, representantes sindicales han remarcado las consecuencias derivadas de la pandemia de la COVID-19 y han apuntado que conllevó el fallecimiento de más de 20.000 personas de este colectivo.
En este sentido, los sindicatos han recordado a estas víctimas y han afirmado que su fallecimiento mostró la «incapacidad» del sistema para «dar una respuesta adecuada» a esta situación. Además, han asegurado que la crisis sanitaria «puso de manifiesto las graves deficiencias del Servicio para la Autonomía Persoal y la Atención á Dependencia (SAAD)».
Por este motivo, UGT y CC.OO, han demandado que se constituya una comisión en el Parlamento de Galicia que investigue lo ocurrido y permita depurar «responsabilidades».
Asimismo, han demandado el desarrollo y la implantación de políticas que garanticen una atención sociosanitaria «adecuada» y el envejecimiento activo como «base del bienestar» de las personas mayores.
GASTO EN SANIDAD
Del mismo modo, los sindicatos han pedido que el gasto sanitario público pase de representar el 6,2% del PIB a alcanzar el 7,2% y que el importe destinado a la Atención Primaria represente el 25% del total. Precisamente, las centrales han apuntado que en Alemania se destina el 9,7% del PIB a la sanidad, mientras que en Francia y Reino Unido este gasto representa el 9,4% y el 7,8%, respectivamente.
También han reclamado que se garantice la protección de las personas mayores autónomas o que precisen de ayuda ante la situación actual. Además, han abogado por que el Ejecutivo central y los gobiernos autonómicos establezcan condiciones que permitan alcanzar un marco de colaboración social que aporte seguridad jurídica, eficacia y calidad a la atención a las personas mayores.
Adicionalmente, las centrales han señalado la necesidad de una coordinación de la atención sociosanitaria que se articule mediante unidades monitorizadas por el sistema público de salud. También han apostado por abrir un debate para desarrollar una Ley integral de derechos de personas mayores que garantice su protección social y económica.
CC.OO. y UGT han exigido además una revalorización automática de las pensiones de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la «revitalización» del Pacto de Toledo como «instrumento de diálogo social».
