El sindicato CIG ha lamentado que el Gobierno haya llegado a un acuerdo con las centrales UGT y CC.OO. y la patronal para prorrogar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en el que «se incide en los aspectos más injustos» de la medida, como la precarización o la desprotección de ciertos trabajadores.

Así, tras conocerse ese acuerdo, el sindicato nacionalista ha apuntado que «no hay garantías de mantenimiento de los puestos de trabajo» y que tampoco se da una solución a los trabajadores temporales que han perdido sus empleos después del 14 de marzo.

Según ha apuntado el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, las medidas que se han adoptado en el ámbito laboral desde el inicio de la pandemia de COVID «van en la línea contraria lo que lo que la CIG entiende que resultaría más beneficioso para el conjunto de la clase trabajadora».

Así, ha lamentado que, en cada acuerdo con los agentes sociales, «se ahonda en la desprotección» de los trabajadores y «se niega una salida justa a la crisis», y ha incidido en que, para afrontar la actual crisis, no pueden tomarse medidas basadas en «las políticas laborales y económicas aplicadas con dureza en estos años», concretamente, en las reformas laborales y de las prestaciones por desempleo de 2010 y 2012.

Paulo Carril ha señalado que anular esas reformas permitiría que la negociación de los ERTE o los ERE «no esté exclusivamente en manos de la empresas», sino que requeriría del acuerdo con los sindicatos y se recuperaría «el ejercicio del control y, en su caso, autorización de la Administración».

‘CONTADOR A CERO’ Y READMISIÓN DE DESPEDIDOS

Además, el secretario xeral de la CIG ha apostado porque se prohíba que los ERTE «se simultaneen con otras medidas lesivas, como un descuelgue salarial o la no aplicación del convenio», para garantizar que todo el tiempo de regulación no cuente como tiempo de paro consumido (‘contador a cero’).

El sindicato nacionalista también ha pedido que se obligue a las empresas a completar hasta el cien por cien de los salarios de sus empleados en ERTE, y a facilitar la reincorporación de los trabajadores temporales despedidos, poniendo como límite para hacerlo el último mes de vigencia del expediente de regulación.

La CIG ha propuesto que estas coberturas se apliquen a todos los trabajadores, incluidos los despedidos durante la pandemia o los que recibían prestación por desempleo, ya que «se deja fuera» a los colectivos más precarizados y a los que el Salario Mínimo Vital «no está dando respuesta suficiente».

«EXONERACIONES ABUSIVAS» A LAS EMPRESAS

Finalmente, Carril ha criticado que se esté primando «la protección del capital sobre la protección social», y se mantengan «exoneraciones abusivas» de las cuotas empresariales, mientras que «se desvían los fondos de la Seguridad Social, del Fogasa y del SEPE».

«En vez de aplicar una política fiscal progresiva o recurrir a otras partidas, como los gastos militares o los destinados a la Casa Real, la solución que se ofrece para por reducir las coberturas y financiar estas medidas con el dinero de todos los trabajadores», ha denunciado el sindicato.