El Gobierno central y la Xunta de Galicia acusan a Alcoa de «empujar a los trabajadores a un conflicto innecesario», al tiempo que consideran que es la empresa norteamericana «la única responsable del fracaso en las negociaciones de venta de la planta de San Cibrao (Lugo)». «Había soluciones para alcanzar un acuerdo de compra-venta», advierten.

Así lo manifiestan a través de una nota de prensa emitida por el Ministerio de Industria tras la videoconferencia mantenida este lunes. El Gobierno avisa, en todo caso, de que «esto no es el final del camino ni se tuerce el brazo a ninguna administración».

A la espera de la negociación laboral, «se abre ahora otro escenario donde se tomarán otro tipo de decisiones menos amistosas», según ha avanzado el secretario general de Industria y Pyme, Raül Blanco. Así, apunta que en los próximos días «se analizarán dichas medidas con el objetivo de que no se pare la planta en ningún caso».

El Gobierno y la Xunta han mostrado su «sorpresa por el hecho de que Alcoa abandonara la negociación no respondiendo a la propuesta del Gobierno de que sea la SEPI la que actuara de intermediaria para la venta de la planta a Liberty House».

«INNECESARIO E INMORAL»

Para Raül Blanco, «es innecesario e inmoral someter a este sufrimiento a las familias de A Mariña que dependen del trabajo en Alcoa». «Entiendo que hay mala fe durante las negociaciones de venta. Los trabajadores tienen el apoyo de las administraciones y seguiremos trabajando para lograr un acuerdo que mantenga el empleo y las capacidades industriales en Lugo», ha subrayado.

Por su parte, el vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación de la Xunta de Galicia, Francisco Conde, ha lamentado la actitud de Alcoa de «abandonar la negociación de forma unilateral».

Por este motivo, en la reunión mantenida este lunes, le ha pedido que reconsidere su posición y acepte una ampliación del periodo de consultas: «Galicia y la comarca de A Mariña de Lugo no se merecen este trato por parte de la empresa», ha dicho, según la nota.

EL GOBIERNO «TENÍA QUE IMPLICARSE»

En la misma línea, el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, a preguntas de los periodistas este lunes, ha lamentado que no hubiese acuerdo. «La Xunta estará también intentando ayudar a los trabajadores hasta el final en el procedimiento que se abre ahora», ha indicado.

«Las perspectivas no son buenas ni el resultado que se adivina ahora mismo. Vamos a pensar que hasta el último momento puede haber una solución, pero el panorama no es muy alentador», ha subrayado.

Por su parte, ha «tenía que implicarse con ese estatuto para las empresas electrointensivas que se reclamaba y que a día de hoy se sigue sin conocer».