Los votos del grupo popular han tumbado una propuesta del BNG para instar a la Xunta a consensuar de modo urgente un protocolo con la comunidad educativa, claro y conciso, para hacer frente a la COVID-19, además de impulsar medidas de conciliación, la dotación de personal y de medios técnicos necesarios.
El nacionalista Manuel Antonio Lourenzo Sobral defendió la propuesta en la Comisión 4º, en la que denunció que la crisis sanitaria evidenció las «carencias y la ausencia» de un proyecto para Galicia, en contraste con el «ejemplo de rigor, responsabilidad y trabajo» de la comunidad educativa por una Xunta «en la retaguardia, desaparecida».
El diputado ironizó con el «sainete por entregas» representado con los protocolos autonómicos desde el mes de julio, que apostó por el metro de distancia desoyendo las recomendaciones de 1,5 metros que tuvieron que implantar posteriormente el 31 de agosto, sin tampoco recibir a las ANPAs o a los sindicatos docentes para consensuar las actuaciones.
A pesar de ello, se volvió a recuperar la posibilidad de reducir la distancia a un metro de separación mediante la instalación de mamparas que, a diferencia de lo que defiende la Xunta «no eran una opción» para los casos en los que no se aceptaron las solicitudes de refuerzo de profesorado, lo que puso a los centros de Pontevedra «en pié de guerra».
El socialista Luís Álvarez coincidió con el parlamentario del Bloque y ha recordado que el documento de la Xunta «fue rechazado por todos los sectores de la comunidad educativa», a pesar de que Feijóo se presentó como «campeón de la gestión» tras una desescalada «precipitada y mal hecha». «El nivel de indignación no tiene precedentes», ha advertido.
Ovidio Rodeiro, del grupo popular, defendió sin embargo el trabajo realizado y ha censurado que se hable de consenso por un lado mientras se «alentan huelgas» por el otro. En este sentido, quiso lanzar un mensaje de «tranquilidad» y ha reclamado a los representantes de la oposición que presenten «medidas concretas» que permitan enriquecer los mecanimos de acción.
NORMALIDAD DE INICIO DE CURSO
Previamente, el secretario xeral de Educación e Formación Profesional, José Luis Mira, acudió a la misma Comisión para responder a una pregunta formulada por el diputado socialista Luís Álvarez, que reprochaba la falta de proactividad y de compromiso de la Xunta con las competencias educativas y pedía los datos concretos sobre los desdobles aplicados en el sistema educativo.
Mira Lema enmarcó al situación como parte de un escenario «distinto» ha defendido el trabajo desarrollado por los centros y la administración para organizar el curso, y que ha desembocado en la contratación de 847 profesores para atender las necesidades de la COVID-19 en secundaria y bachillerato, 260 para la oferta ordinaria, junto a otros 240 en infantil y primaria y 543 del programa ARCO.
