La suspensión de los plazos procesales como consecuencia de la declaración del estado de alarma el 14 de marzo debido a la crisis sanitaria de la COVID-19 provocó un descenso de la actividad de los juzgados y tribunales gallegos en el segundo trimestre del año, tal y como refleja el informe ‘Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales’.
El documento, hecho público este viernes por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, evidencia que los lanzamientos practicados en Galicia entre el 1 de abril y el 30 de junio experimentaron un descenso del 87,4 % respecto al mismo periodo de 2019, al pasar de 657 a 83. En el conjunto del Estado, los lanzamientos ejecutados descendieron un 90,6%.
Según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en base a los datos recogidos en este informe, de los registrados en la comunidad autónoma, 10 se produjeron como consecuencia de procedimientos de ejecución hipotecaria, frente a los 140 que se realizaron por este motivo en el mismo periodo de 2019, lo que supone una bajada interanual del 92,9%.
Como consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, se registraron 70, un 86% menos que en el periodo anterior, cuando se contabilizaron 501. Los lanzamientos enmarcados en el apartado de otras causas pasaron de 16 el año pasado a 3 en el segundo trimestre de 2020.
Las ejecuciones hipotecarias iniciadas en Galicia entre el 1 de abril y el 30 de junio bajaron un 27,3%. En el segundo trimestre del año se presentaron 125 procedimientos que permiten exigir el pago de las deudas garantizadas por prenda o hipoteca al acreedor, frente a las 172 del año anterior.
El número de asuntos relacionados con cláusulas suelo ingresados en los juzgados de la comunidad autónoma disminuyó en el segundo trimestre del año un 6,2%, al pasar de 956 a 896. Los procedimientos en trámite descendieron un 7,6%, pues a 30 de junio quedaban 7.617, frente a los 8.242 que había pendientes en la misma fecha del año anterior.
DESCENSO EN LAS OCUPACIONES ILEGALES
El estudio, además, refleja que en el segundo trimestre del año los juzgados gallegos ingresaron 27 demandas por ocupación ilegal de viviendas en casos en los que los propietarios son personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social.
Esta cifra es inferior a la del periodo anterior, que situó en 32 (un 15,6 % menos). En total, entre el 1 de abril y el 30 de junio de este año, resolvieron 15 procedimientos de este tipo y dejaron 65 en trámite.
JUZGADOS DE LO MERCANTIL
Según la estadística hecha pública este viernes, también desciende el número de concursos presentados en los juzgados de lo mercantil de la comunidad, pues pasaron de 68 en el segundo trimestre de 2019, a 52, lo que supone un descenso del 23,5%.
Con respecto a los concursos de las personas naturales no empresarias, que desde la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que entró en vigor el 1 de octubre de 2015, corresponden a los juzgados de primera instancia e instrucción, se presentaron en Galicia en el segundo trimestre del año 38 casos, frente a los 46 que se iniciaron en el mismo periodo de 2019.
En Galicia se contabilizaron en el segundo trimestre del año 10 expedientes del artículo 64 de la Ley Concursal, relativos a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE’s), frente a los 6 del periodo anterior.
Las 1.255 demandas por despido presentadas en los juzgados de lo social entre el 1 de abril y el 30 de junio suponen un descenso interanual del 7%.
El informe también revela un descenso de los procedimientos monitorios interpuestos en el segundo trimestre del año en los juzgados de primera instancia y de primera instancia e instrucción. En Galicia se presentaron 8.832, frente a los 9.943 del año pasado, lo que supone un descenso interanual del 4,2%.
