Los concejales díscolos de Democracia Ourensana (DO) han solicitado la expulsión del partido de Gonzalo Pérez Jácome (DO), alcalde de Ourense, para que sea declarado edil no adscrito. El regidor ha calificado esta propuesta como el «colmo del surrealismo» y un «hecho de desvarío».

Este lunes, los cuatro concejales críticos con la gestión de Democracia Ourensana (DO), Miguel Caride, Manuel Álvarez, María del Mar Fernández Dibuja y María Teresa Rodríguez, le han comunicado por carta al propio presidente de DO y alcalde de la ciudad, Jácome, su decisión de expulsarlo del partido y de que sea apartado al grupo de los no adscritos.

El documento también ha sido dirigido al secretario del pleno del Consistorio y en él exponen tres razones: la «inadecuada, exclusiva y opaca gestión de las dotaciones económicas del Ayuntamiento al grupo municipal»; la «exigencia de ‘donaciones’ al personal eventual adscrito al grupo municipal»; y la «decisión unilateral de romper el pacto de gobierno suscrito con el Partido Popular y retirar las competencias a dos concejales sin acuerdo previo con el conjunto de Democracia Ourensana».

En el primer caso, «no» les «consta» que las «dotaciones» se «estén destinando a fines municipales relacionados con el funcionamiento del grupo», como tampoco son conocedores de que «exista una contabilidad específica con un registro de caja comprensible de las entradas y salidas, siendo gestionados dichos recursos de forma exclusiva y excluyente» por Jácome.

Al respecto, destacan que «vulnera claramente el principio constitucional de funcionamiento interno democrático (artículo 6 de la Constitución Española) y los relativos a la financiación pública (LO 8/2007, de 2 de febrero, sobre financiación de los partidos políticos)».

Sobre el segundo motivo, reprochan que el regidor, aparte de decidir de forma unilateral «a qué personas contrata para ocupar los puestos de personal eventual», ha «venido exigiendo a la totalidad o parte del mismo ‘donaciones’, en forma de participación en los haberes percibidos en nómina», una «exigencia que se ha hecho a espaldas completamente del grupo municipal».

Acerca del último fundamento, tildan dicha posición como el desencadenante de transformar «una crisis interna del grupo municipal en una crisis de gobierno» en el Ayuntamiento de Ourense: «Lejos de dar las explicaciones pertinentes y justificar el destino de dichos fondos –como le había reclamado el PP–, negándose a ello, da por finiquitado el acuerdo, decidiendo gobernar en total minoría, lo que a criterio de los integrantes de este grupo municipal es absolutamente imposible y deja a la ciudad de Ourense en el abismo».

Amparándose en la ley, los críticos han expuesto que «no resulta exigible la unanimidad en todas y cada una de sus decisiones, pero sí un acuerdo, como es el de expulsión del concejal adoptado por la mayoría de sus miembros».

Con todo, Miguel Caride, en declaraciones a Europa Press, ha manifestado que desconocen si esta vía será definitiva para conseguir su propósito, el de «solucionar este conflicto por cauces razonables» que les lleven a «levantar la suspensión cautelar del acuerdo de gobierno y poder disponer de la mayoría estable que facilite» la gobernabilidad de la ciudad de Ourense, «pero en ningún caso, sostener un delirante gobierno de dos personas».

«En estos momentos no sabemos si será suficiente con esa comunicación (al secretario del pleno), en principio entendemos que debería ser así y pasaría al grupo de no adscritos», ha expuesto.

En este sentido, Caride ha abundado que «si este señor no fuese alcalde, fuese un concejal más, no se formaría tanto revuelo», pero «es un concejal más y las decisiones que adopta el grupo deben ser adoptadas por mayoría en base al principio democrático que proclama el artículo 6 de la Constitución».

«Hay una persona que maneja el partido de arriba a abajo, hace lo que quiere, este señor toma las decisiones por su cuenta. Como no conoce la democracia, habrá que enseñarle un poco lo que es porque un partido no es propiedad de nadie, es una agrupación», ha incidido.

«DESBARRES INDOCUMENTADOS»

Tras conocer esto, Jácome ha emitido un comunicado en el que critica que «personas ajenas a DO dicen solicitar» la expulsión de «su presidente», el «colmo del surrealismo» que «muestra la fiabilidad que tienen los tránsfugas». «Todas sus acusaciones y reivindicaciones tienen un alto grado de desatino», afirma.

Además, el regidor traslada que la formación «confirma que los legítimos representantes de DO, en Ayuntamiento y Diputación, son Gonzalo Jácome y Armando Ojea, respectivamente», retirándoles a los díscolos «representatividad alguna».

Jácome, asimismo, recuerda que el viernes, DO procedió a la «suspensión cautelar de sus funciones como vicepresidente y miembro» del partido a Manuel Álvarez, a la vez que le presentó «un expediente disciplinario que podría conllevar la expulsión definitiva» por «sus declaraciones y recientes acciones».

Del mismo modo, el regidor, que menosprecia hasta en dos ocasiones la profesionalidad como abogado de Miguel Caride, también denuncia la «usurpación» de la «identidad corporativa» de DO –nombre y logo– al emplearla los críticos en sus «cartas reivindicativas».

«Es lo más insólito que se ha visto en tiempo en la política española, que un grupo de tránsfugas se intenten adueñar de forma particular de un partido al que no pertenecen, y haciéndolo tras tomar provecho de los votos recibidos por dicho partido», critica.

También asegura que, «como los tránsfugas se han quedado sin competencias, al no tener trabajo se dedican a fabular con notas de prensa cuya realidad solo existe en sus cabezas, buscando además entorpecer la labor diaria».

Para concluir, el alcalde subraya que no atenderá «las acciones desesperadas de quienes han medido mal sus pasos en una trama»: «Mi obligación como alcalde es seguir trabajando y perder el menor tiempo posible con desbarres de indocumentados», resuelve.

NUEVO CONCEJAL EN DO

El paso dado por los críticos se suma a los articulados desde que estalló todo a partir de la denuncia que interpusieron ante Fiscalía por supuestas irregularidades en el tratamiento de los presupuestos públicos de DO.

Más tarde, dos de los cuatro ediles discordantes abandonaron sus áreas municipales –después de que Jácome se las retirase a los otros dos–; días posteriores reclamaron suspender las «aportaciones económicas» al partido y devolver la portavocía retirada a Caride –ahora en manos de Armando Ojea, el único apoyo de Jácome–, y emitieron otro documento en el que pedían «revocar los acuerdos» del alcalde.

En medio de esta coyuntura y después de que 25 de 27 concejales –todos menos el propio Jácome y su único afín por ahora, Ojea– pidieran la dimisión del alcalde en una moción, se espera ahora al pleno extraordinario del miércoles, en el que Telmo Ucha –actualmente asesor de Jácome– tomará posesión como nuevo concejal de DO –tras la marcha de Mario González después de saltar la crisis municipal–, con la incógnita todavía de si este apoyará al regidor o si pasará a los no adscritos.

El viernes, el foco estará puesto en el pleno de la Diputación de Ourense, al que se lleva la aprobación de los presupuestos y donde el PP –que se apartó de DO en el Consistorio– necesitará al menos el ‘sí’ de uno de los dos diputados de DO, con quien gobierna en coalición, para poder sacarlos adelante.

Se prevé que Caride, también con asiento en el ente supramunicipal, vote a favor, pero se desconoce la postura que tomará Armando Ojea, el segundo en discordia y vicepresidente de la Diputación. El presidente de la institución, Manuel Baltar, ya ha anunciado que si Ojea se desmarca, le retirará las competencias.