La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, ha advertido de que el fenómeno de la okupación «comienza a ser un problema» en la comunidad, pese a no ser «un gran problema» por el momento. De acuerdo con sus datos, hay más de 100 denuncias activas en toda Galicia.

Vázquez ha recibido este lunes a asociaciones de vecinos para escucharles y trasladarles los movimientos de la Xunta ante esta situación y ambas partes han comparecido ante los medios de comunicación con anterioridad a mantener la reunión.

Los representantes de los vecinos, por su parte, han señalado que la problemática «tampoco es que se agravara excesivamente» en los últimos meses, lo que descarta un impacto por la crisis sanitaria de la covid-19 y el confinamiento.

En concreto, en representación de la federación de asociaciones de vecinos de la provincia de Lugo, Jesús Vázquez ha exigido «un cambio normativo o legislativo» para que este tipo de conductivas se tipifiquen como «un delito de allanamiento», así como una «intervención rápida» y un «endurecimiento claro» de las penas.

Al respecto, ha lamentado las «actitudes muy violentas» que se vivieron en las últimas horas en la ciudad, con el desalojo de okupas en la ciudad de la Muralla.

Su homólogo de Ourense, Manuel Mosquera, ha animado a que se «okupen casas de políticos o jueces», para ver si de este modo hay una actuación por parte de los poderes públicos.

«HAY QUE FRENARLO YA»

Por su parte, la conselleira ha comenzado su intervención ante los periodistas asegurando que el de la okupación es un «fenómeno que cada vez es mayor» en Galicia, con un aumento «sustancial» de las denuncias este año, si bien precisó que su volumen «dista» con el de la media estatal y que todavía hay propietarios que «prescinden» de interponer demanda por el gasto y «el estrés» que supone.

En cualquier caso, ha subrayado que el Gobierno gallego quiere «ponerle coto» y que para eso se dirigió al ministerio, con el fin de que haya un cambio normativo que la tipifique como delito, ya que «mientras la sanción sea pequeña, poco se podrá hacer».

Ángeles Vázquez también ha dicho haber contactado con el delegado del Gobierno para «trabajar de la mano» frente a este asunto y ha avanzado una reunión en octubre del observatorio de la vivienda.

«Tenemos que empezar a frenarlo y hacerlo desde ya», ha incidido, con la vista puesta en que los okupas no se sientan «amparados». Cuestionada por la problemática social asociada a este fenómeno, ha remitido a las medidas dispuestas por la Xunta, como diferentes bonos para sufragar el alquiler y viviendas de protección, para aseverar que «ni una sola familia que recurriese» a estos mecanismos «puede decir» que el Ejecutivo autonómico no adopta decisiones en este ámbito.