El director xeral de Política Financiera, David Cabañó, ha afirmado que, «como todo en esta vida», la conocida como Ley Montoro «tiene cosas buenas y cosas malas». Por su parte, la Xunta aboga por que el actual Gobierno que preside Pedro Sánchez busque «una fórmula», según ha dicho, para que los municipios puedan disponer de sus ahorros.
En la comisión de economía del Parlamento y a las preguntas de la diputada del BNG Noa Presas sobre cuál es el posicionamiento de la Xunta sobre esta ley y si cree que hay que derogarla, Cabañó la ha defendido, pese a lo «denostada» que está, por lo que supuso para obtener ahorros, pero ha apuntado a que en estos momentos el propio exministro de Hacienda con Mariano Rajoy «propuso suspender» la norma dadas las actuales circunstancias de crisis por la pandemia de la covid-19.
«Entendemos que los ayuntamientos que lograron reducir su endeudamiento y un importante volumen de ahorro deben poder invertirlo en dar una respuesta social y económica a esta crisis», ha destacado el titular de Política Financeira.
Al respecto, ha apostado por «buscar una fórmula adecuada a esta demanda» y ha opinado que eso es «lo que debe hacer un gobierno, adaptarse y cambiar cuando las circunstancias varíen».
«FÓRMULAS, HABELAS HAINAS»
«Esperemos que la derrota parlamentaria del Gobierno le haga rectificar o recapacitar y buscar otras fórmulas que permitan la movilización de los ahorros de los ayuntamientos», ha incidido, antes de apelar a la «cláusula de escape» o hasta a una «modificación de la normativa».
«Como las meigas, fórmulas, ‘habelas hainas», ha resuelto, partidario de «explorar» vías y contrario a «cualquier tentativa de incautación» de los remanentes.
FONDOS CONTRA LA COVID
Por su parte, la nacionalista Noa Presas se ha mostrado contraria a la «incautación de fondos municipales por parte del Estado» y también ha interrogado al alto cargo de la Consellería de Facenda por el reparto de fondos estatales para afrontar la crisis.
Al respecto, David Cabañó ha criticado los «criterios injustificados» para el reparto de fondos, que dejan a Galicia como «perjudicada». «Tan solo con un reparto por habitantes, Galicia habría recibido un 21% más que la media», ha asegurado.
PLAN DE REACTIVACIÓN
Precisamente este aspecto, el de los fondos estatales para combatir la pandemia y su distribución entre las comunidades autónomas, ha estado presente en el debate de otras iniciativas en la misma comisión.
Así, la socialista Begoña Rodríguez Rumbo ha interrogado al director xeral de Planificación e Orzamentos, Miguel Corgos, por el plan de reactivación y dinamización que aprobó el Consello de la Xunta en el contexto de la crisis sanitaria, puesto que «ya van tres meses desde su anuncio».
Corgos ha reivindicado que prevé «movilizar» casi 3.000 millones, lo que supone un 5% del PIB de la comunidad, y ha desgranado las distintas medidas y recursos disponibles.
Pero este director xeral también ha aprovechado su intervención para subrayar que la Xunta no está «de acuerdo con el reparto» de los fondos para luchar contra la covid-19, antes de estimar en un 6,2% lo que le correspondería a Galicia según cálculos con base en otros criterios, «1,2 puntos porcentuales más que la estimación de lo que recaerá» en la práctica.
Los grupos también han debatido una proposición no de ley del PSdeG, que expuso Juan Carlos Francisco Rivera, sobre las actuaciones del Gobierno gallego para afrontar la crisis. Este parlamentario pidió «una mayor movilización de recursos públicos» y al respecto el popular Pedro Puy remitió a los datos del plan que enumeró Corgos.
Igualmente, la iniciativa del PSOE, que sí contó con el apoyo del Bloque, demandaba ayudas para autónomos y el refuerzo presupuestario de la Risga y otras ayudas sociales de emergencia, pero el texto no ha salido adelante por el voto en contra del PP, que compartía «la música y parte de la letra, pero no el tiempo», en palabras de Puy.
Por parte del BNG, Daniel Pérez ha mostrado su apoyo a la propuesta, pese a no compartir la «visión naif» de la Unión Europea, con cuyo papel se ha mostrado crítico.
FAMILIAS MONOPARENTALES Y PROVEEDORES
En el mismo foro, el diputado del BNG Ramón Fernández Alfonzo se ha interesado por medidas fiscales y tributarias para contribuir a la redistribución de la riqueza en relación con las familias monoparentales, así como por el impacto que ha tenido en ellas la crisis económica y la covid-19.
El director xeral de Inclusión Social, Arturo Parrado, ha defendido las medidas existentes y un apoyo «en especial consideración» para estas familias. «Consciente» de las consecuencias de la crisis, ha subrayado el «compromiso» del Gobierno gallego «para poner en marcha todas aquellas medidas que vayan a favorecer la inclusión».
Por otra parte, el popular Pedro Puy también ha querido saber la valoración del Gobierno de los datos sobre los plazos de pagos a proveedores y la deuda comercial de Galicia, «especialmente» en el actual panorama de crisis.
La interventora general de la Xunta, Almudena Chacón, ha valorado que en marzo, abril y mayo, «los peores meses de la pandemia», la gallega fue «la primera comunidad en pago a proveedores», algo que ha visto «fruto de mucho trabajo» desde 2009.
