Vox tratará este martes de que el Pleno del Congreso tramite una reforma de la vigente Ley de Partidos Políticos para ilegalizar a todas las formaciones separatistas y a las que promovieron el proceso independentista catalán de 2017. Ello incluye a ERC, Junts, el BNG, la CUP y EH Bildu, entre otros, aunque los de Santiago Abascal tampoco descartan al PNV o «partido recogenueces», como le denominan.
Fue el propio presidente del partido quien registró el pasado enero esta proposición de ley con la que, según apuntó entonces, pretenden ilegalizar «a todos los partidos que busquen destruir la unidad y la soberanía de España», y si el PNV o el BNG también pretenden ese objetivo, se verán afectados igualmente por su reforma.
Vox sostiene que en la actualidad existen partidos que expresan en sus estatutos –e incluso desde su posición en las administraciones e instituciones– su voluntad de «romper España» y el orden constitucional, partidos que han incitado «a la violencia, a la desobediencia de los tribunales, al incumplimiento de las leyes, al abuso de poder» y partidos que han «justificado» el terrorismo.
HAY QUE PONER LÍMITES
Y, frente a esto, lo que plantea es una reforma legislativa que ponga límites para que las formaciones políticas sean herramientas de participación política y una expresión de pluralismo, pero no «un peligro para la unidad y la convivencia entre españoles».
«No se trata –argumentan en el texto recogido por Europa Press– solo de proclamaciones ideológicas sino también de actuaciones reiteradas y sistemáticas que ya han merecido las más severas sanciones de la jurisdicción nacional, constitucional y ordinaria».
En concreto, con su proposición Vox quiere ilegalizar a aquellos partidos que se nieguen a incluir expresamente en sus estatutos el acatamiento de la Constitución de 1978, que justifiquen la violencia como «método de acción política», que ataquen las libertades y los derechos fundamentales, que apoyen organizaciones terroristas o vinculadas a la destrucción de la unidad de España o que promuevan referendos o leyes contra la soberanía.
Y QUE DEVUELVAN LOS FONDOS PÚBLICOS RECIBIDOS
«El Legislativo no puede hoy abstenerse de intervenir, lo que sería tanto como hacer dejación de su alta función en una situación crítica, sin procurar al Poder Judicial medios normativos suficientes para el enjuiciamiento de legalidad de tales partidos, con arreglo a la jurisprudencia constitucional», arguyen.
Pero, además, los de Santiago Abascal también incluyen en su iniciativa que aquellas formaciones políticas que han incumplido «esas bases mínimas» tengan que devolver los fondos públicos recibidos.
