El perito ingeniero industrial José Manuel Lamela cree que «habría que proponer otro tipo de actuaciones» para saber quién dice «la verdad» y quién «miente» sobre la supuesta orden de borrado de averías del Alvia siniestrado en el barrio compostelano Angrois por parte de responsables de Talgo, hecho que denunció un extrabajador de la compañía.

Esta denuncia acompañada por una declaración jurada (en la que aseguraba que responsables de Talgo mandaron eliminar pruebas sobre averías del tren poco después de ocurrido el accidente) motivó la declaración del técnico denunciante y de otros tres trabajadores de Talgo el pasado julio ante el juez que investiga el descarrilamiento de 2013 a las puertas de Santiago, donde murieron 80 personas y más de un centenar resultaron heridas.

Tras estas declaraciones, el juez, Andrés Lago Louro, pidió al perito un informe que el magistrado da ahora por presentado (con notificación a las partes). En concreto, la diligencia es del pasado 11 de septiembre, si bien el documento de Lamela está fechado el 27 de agosto.

El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que «con el análisis de las declaraciones de los cuatro testigos no es posible establecer qué parte de las afirmaciones de cada uno de ellos es o no verdad, por lo que habría que proponer otro tipo de actuaciones que permitiesen, si es posible, determinar cuál o cuáles de ellos se ajustan a la verdad».

Y es que las declaraciones de los cuatro testigos que comparecieron el 10 de julio de 2020 «no coinciden en absoluto, es más, podría decirse que en mayoría de los casos son contradictorias», resalta.

Al respecto, indica que las manifestaciones del denunciante «sobre la orden dada por el jefe de taller de borrar todos los datos de las averías del tren accidentado en la aplicación Casandra son puestas en duda por los otros tres testigos desde el inicio de sus declaraciones con expresiones como ‘es todo mentira’ o también ‘mentira y calumnia’, entre otras».

«SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN DE TALGO»

Con el peritaje, el ingeniero industrial, encargado en el caso de analizar el material rodante, responde también a las tres preguntas que le plantea el instructor.

Sobre si los defectos a los que alude el extrabajador de Talgo en su declaración jurada «realmente existieron» y si «existe constancia documental de ello», destaca que «no existe ningún documento en la que figuren las anotaciones que asegura que hizo en el programa ni en el Sistema de Gestión de Mantenimiento (SAP) ni en la aplicación informática Casandra».

No obstante, precisa que «todo ello según la documentación que figura en autos del procedimiento y en la documentación aportada» por uno de los trabajadores de Talgo.

Al segundo interrogante que le traslada el juez, «si tales defectos, en caso de existir, fueron o no reparados antes de salir el tren del taller de Fuencarral los días previos al accidente», dice que «se puede concluir que el tren salió (…) apto para ser utilizado». «Todo ello», de nuevo, «según la documentación que figura en autos del procedimiento y en la documentación aportada» por el trabajador de Talgo a solicitud del propio Lamela.

Por último, si tales defectos, «en caso de existir y no haber sido reparados, pudieran haber tenido alguna incidencia causal en la causación del accidente», remite a su conclusión de otro informe previo, según la cual la causa del descarrilamiento «fue el exceso de velocidad de entrada» en la curva.

En cualquier caso, considera «de sumo interés plantear el interrogante de cómo es posible que una línea como la 082 entre Ourense y Santiago de Compostela en la que las velocidades a las que está autorizado que circulen los trenes se sitúan entre los 200 y los 220 kilómetros por hora (…) haya sido concebida NO disponiendo de un segundo nivel de protección que cubra la posibilidad de que el maquinista, por los motivos que sean, no atienda en tiempo a la necesidad de frenado y se enfrente a dicha curva a una velocidad muy superior a la máxima permitida, tal y como se produjo en aquel fatídico día».

DISCREPANCIAS CON VERITAS

Por otra parte, Lamela hace referencia a «discrepancias» entre lo que dictaminó un informe de Eca-Bureau Veritas sobre el estado de las ruedas de los restos del tren Alvia (que advertía defectos) y otro documento aportado ahora por Talgo.

«Las discrepancias existentes entre ambos informes podrán dirimirse, de ser el caso que se considere oportuno y necesario, entre los autores de los mismos pertenecientes a las empresas Eca-Bureau Veritas y Talgo», concluye.