El Ayuntamiento de Santiago de Compostela reclamará al Gobierno gallego que asuma el sobrecoste derivado del refuerzo extraordinario de limpieza y desinfección de los centros educativos como consecuencia de la aplicación de los protocolos ante la COVID-19 y que el Gobierno local ha cifrado en cerca de 38.000 euros mensuales.

La junta de Gobierno local ha abordado el informe realizado por la Diputación da Coruña, que se dio a conocer este fin de semana, y que fue solicitado por diversos ayuntamientos, entre ellos Santiago, para valorar las obligaciones impuestas por las normas autonómicas y determinar si los Gobierno locales deben asumir el sobrecoste provocado en el caso de los instalaciones educativas de titularidad autonómica.

El documento de la institución provincial concluyó que estas obligaciones le corresponderían a la Xunta de Galicia al tratarse de una competencia autonómica. Por ello, ese gasto extraordinario debería ser compensado a las administraciones locales, que son quienes están asumiendo estas tareas, puesto que el Gobierno gallego está recibiendo fondos del Estado para atender estas nuevas necesidades provocadas por el coronavirus.

El secretario de la junta de gobierno local de Compostela, Sindo Guinarte, ha añadido en rueda de prensa que el Ayuntamiento encargó a su vez otro informe para cuantificar el gasto extraordinario que provocarán las nuevas medidas en el servicio de limpieza en los centros públicos de titularidad autonómica, y que se ha cifrado en 38.000 euros mensuales.

Este montante, ha añadido, se correspondería con el exceso de gasto en el contrato de limpieza ya establecido, en función de las horas que estas empresas tienen que dedicar para tender las nuevas obligaciones determinadas por la administración autonómica.

LA VÍA «MÁS EFICAZ»

A partir de ahora, los servicios municipales de contratación valorarán el mecanismo «más eficaz» para que el Gobierno local «reclame y recupere» de la Xunta esas cuantías de sobrecoste, que hasta ahora no se había reclamando formalmente.

Junto al Ayuntamiento de Santiago, otros gobiernos locales han protestado por tener que asumir los gastos extra motivados por las tareas de limpieza y desinfección de centros para aplicar el protocolo de la COVID-19.

Tras el reciente informe de la Diputación de Pontevedra al respecto, este sábado se ha dado a conocer otro de su homóloga de A Coruña que concluye que la competencia para estas acciones es de la Xunta de Galicia.