A Mesa por la Normalización Lingüística ha criticado al Ministerio de Igualdad por excluir de los Premios contra la Violencia de Género las tesis doctorales presentados en cualquier lengua cooficial diferente al castellano.

Para la entidad, la delegada contra la violencia de género, Victoria Rosell, respondió a una pregunta del diputado del BNG Néstor Rego «con tópicos y prejuicios contra los gallegos», equiparando, en su opinión, «las lenguas oficiales del Estado diferentes del español con cualquier lengua extranjera».

Así, continúa A Mesa, Rosell «insiste en supeditar este derecho fundamental de la ciudadanía» a emplear su lengua oficial «al carácter ‘nacional’ de los Premios y al deber de todos los estudiantes de conocer la lengua castellana».

«La delegada confunde el deber de conocimiento del español fijado por la Constitución española con un supuesto deber de uso», denuncia la vicepresidenta de A Mesa, Elsa Quintas, «y considera, por lo tanto, legítimo coaccionar las personas que cumplen todos los requisitos para se presentar a un premio público y forzarlas a usar el castellano».

La respuesta oficial ofrecida por Rosell, apunta A Mesa, asegura que «exigir que las tesis doctorales estén redactadas en castellano» no es discriminatorio, porque «la presentación de estudios y trabajos al certamen es una actividad voluntaria, no un deber de carácter académico, y supone un extra en sus carreras y currículo». «Sólo podría considerarse discriminatorio», afirma, «en caso de que se tratara de un deber».

«Todo eso sin perjuicio de que las Comunidades Autónomas dentro de su ámbito competencial, puedan convocar premios o certámenes dirigidos a trabajos realizados en las lenguas cooficiales de su territorio», continúa la respuesta, lo que A Mesa interpreta como que el Estado «premia únicamente la lengua española, y el resto de las lenguas oficiales quedan restringidas la aquellos premios y menciones que quieran ofrecer cada una de las comunidades autónomas. «Premios que, como sabrá la responsable política de este ámbito», recuerda Quintas, «ni siquiera existen».

Para la entidad de defensa del gallego, la respuesta oficial «es una auténtica burla a cualquier principio de igualdad entre ciudadanos y constituye un chantaje que pretende forzar al uso del castellano», asegura Elsa Quintas.