El pleno de la corporación de A Illa de Arousa (Pontevedra) ha aprobado una moción presentada por varias asociaciones y colectivos de los sectores alimentarios mar-industria de Galicia en la que solicitan que se modifique la redacción del articulo 18 de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, de forma que «garantice la seguridad jurídica», además de la «estabilidad» a todos las empresas que forman parte del sector.

La moción también exige que nueva ley avale las garantías necesarias para el mantenimiento del empleo y permita «sustentar una actividad arraigada» en las costas gallegas, «con la necesaria base social y económica en el litoral de Galicia».

La moción, que fue presentada por Juan Vieites, secretario general de Anfaco-Cecopesca, estaba respaldada por la Asociación Galega de Empresarios Depuradores de Moluscos (Agade), la Asociación Empresarial de Acuicultura de España (Apromar), el Cluster de la Acuicultura de Galicia, la Federación de Asociacións de Mexilloeiros (Femex) y la Federación Galega de Confrarías e Pescadores.

SOLUCIÓN INVIABLE

Los firmantes de la moción consideran «absolutamente inviable» retirar del litoral sus empresas, tal y como contempla el anteproyecto de ley presentado por el Gobierno de España.

Así, el presidente de Asociación de Depuradores, Roberto Fariña, apunta como ejemplo el hecho de que su actividad requiere necesariamente de un recurso como es el agua del mar. «Según la nueva ley tendríamos que llevarla a unas instalaciones tierra adentro y devolverla después al mar en cisternas. No solo es económicamente inviable, sino que sería completamente antiecológico como consecuencia de una ley que presume de defender la ecología».

Las asociaciones y federaciones del sector depurador, pesquero, acuícola, conservero y transformador de productos del mar subrayan que la actividad de sus empresas «tiene una importancia estratégica en la economía litoral gallega y por extensión en el tejido económico de Galicia en su conjunto», siendo uno de los motores «esenciales e insustituibles» de la estructura socioeconómica, de la creación de empleo y de la cohesión interterritorial de la comunidad autónoma.

DERECHO COLECTIVO IRRENUNCIABLE

A mayores, los representantes de los sectores alimentario mar-industria de Galicia consideran «un derecho colectivo irrenunciable» que cualquier proyecto normativo dirigido a modificar el marco legal de la costa y de la actividad socioeconómica que de ella vive, como es el caso de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, «cuente desde el minuto cero con las gentes que viven en la costa. Y mucho más en el actual marco de crisis económica», apuntan.

Los impulsores de la moción aprobada en A Illa denuncian que la nueva ley contiene un precepto crucial (el artículo 18) que «no solo altera la duración de las concesiones» de ocupación del dominio público marítimo-terrestre para la empresas del sector mar-industria alimentario gallego, sino que deja abierta la puerta para que «el órgano directivo de turno de un Ministerio otorgue o deniegue concesiones y prórrogas con total discrecionalidad», sin atender a la historia o a la relación socioeconómica del sector con el territorio en el que se asienta.

Ambos factores, añaden, duración y seguridad jurídica, «son los puntos vitales de los que depende no solo el futuro crecimiento de la industria, si no la permanencia misma de las empresas existentes, muchas de las cuales llevan generaciones creando riqueza y empleo estable en nuestro pueblo».